El Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal resolvió este miércoles el embargo precautorio con carácter de intervención de la empresa Bero de Guatemala, señalada de defraudación tributaria, para lo cual además nombró a más de 10 personas, entre auditores tributarios y notarios.
Según el Ministerio Público (MP), la solicitud de la medida precautoria la hicieron al juez la Fiscalía de Delitos Económicos en coordinación con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), tras detectar una serie de inconsistencias durante la contabilidad registrada en períodos fiscales de los años 2007 al 2011.
La investigación en contra de la empresa se inició después que la SAT presentó ocho denuncias entre los años 2011 y 2016, por los delitos de defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.
El MP indicó que las fiscalizaciones por parte de la SAT surgieron a partir de la solicitud de devolución de crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por parte de las empresas Bero de Guatemala S.A. y Sertinsa S.A., pues en ese momento se detectaron anomalías en la documentación presentada, por lo cual se procedió a verificar la información.
Ambas empresas, que se dedican a la compra y venta de café en mercados locales e internacionales, aparecen inscritas en el Registro Mercantil y la SAT con el mismo domicilio fiscal y los mismos representantes legales.
Los hallazgos incluyen proveedores de segunda y tercera línea no localizados, algunos no contaban con infraestructura, otros manifestaron no haber abierto empresas a su nombre, entre otros aspectos.
De acuerdo con el MP, existen suficientes elementos que señalan que hubo simulación de transacciones comerciales para inducir a error a la Administración Tributaria.
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