La conciencia ciudadana se ha afilado y fortalecido.
La protesta realizada el 11 de junio de este año, frente al Palacio Nacional de la Cultura, es una muestra más que las demandas de la población continúan trémulas y vigentes ante los hechos de corrupción que siguen saliendo a luz pública. Ciertamente, esta primera manifestación no tuvo la dimensión de las de 2015, empero, es un fuerte rechazo de la ciudadanía a las prácticas de corruptela enraizadas en el aparato estatal.
Las revelaciones efectuadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, del nuevo caso de corrupción denominado La Cooperacha muestra la forma tan burda y desvergonzada de recolectar los recursos del erario nacional para satisfacer los caprichos de sus entonces gobernantes proveyéndolos de suntuosos regalos.
Mientras tanto, en el interior de la República los niños, las mujeres y los ancianos mueren de hambre y de enfermedades por la escasez de medicina y de servicios de salud, sumidos en el olvido, echados a su suerte y engullidos por la pobreza y extrema pobreza. Emigrando hacia Estados Unidos de América, arriesgando constantemente su vida, en busca de alguna oportunidad que les permita salir del ostracismo al que fueron condenados por quienes deberían haber velado porque se cumplieran los principios constitucionales que rezan la igualdad de condiciones, el derecho a la vida y al bien común. Valga semejante ironía.
No se vale comprometer e hipotecar el futuro de las comunidades más necesitadas de esta nación, por el simple hecho de engrandecer aún más el ego de funcionarios inescrupulosos que hicieron del latrocinio, en el ejercicio de la función pública, su modus vivendi. La danza de los millones que se recetaron las máximas autoridades del Partido Patriota, le para los pelos a cualquiera, pues la forma despiadada de saquear la cosa pública es imperdonable, sobre todo, porque en este país hay más necesidades que comodidades y más urgencias que diligencias. Sin duda, ante la putrefacción que sale a flote, la conciencia ciudadana se ha afilado y fortalecido; la aberración hacia la clase política tradicional y a su sistema político diseñado para delinquir crece y se acentúa. La Plaza de la Constitución es el mejor testigo de las insistentes e inquebrantables peticiones de la población para cambiar un sistema corrupto y corruptor que más temprano que tarde, por su propio peso, caerá.
“Hechor y consentidor pecan por igual”, dice el adagio popular. Por ello, no debemos desmayar ni un momento hasta lograr el cambio que Guatemala verdaderamente necesita. Toda vez que se vislumbran tiempos de lucha por las inaplazables reformas al sector justicia, pues con tantos casos de podredumbre que se destapan en el país y la cantidad de personas señaladas de asaltar los recursos financieros estatales es necesario sentar precedentes y no permitir la reacción de los infaltables defensores de la corrupción y la impunidad.
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