En el tercer día de indagatoria por el caso Cooptación del Estado, el Ministerio Público (MP) reveló las estrategias que utilizó la estructura para el supuesto lavado de dinero, con las que buscaba aparentar legalidad a los fondos que fueron producto del cobro de comisiones a contratistas del Estado, campaña electoral ilícita, compra de acciones a dos medios de comunicación y bienes.
El ente investigador señaló a ocho exfuncionarios como “operadores” para recibir las comisiones por los contratos otorgados, entre quienes figuran el exministro de Cultura y Deportes Dwight Pezzarossi y el exdirector del Registro Nacional de las Personas (Renap) Rudy Gallardo; a estos se les imputan los delitos de cohecho pasivo y asociación ilícita.
Esos cargos pesan contra Daniela Beltranena, exdiputada por el Partido Patriota, supuesta administradora de Q50 millones; Adolfo Fernando Peña, exgerente del Banco de Desarrollo Rural, tutor de Q30 millones, y Flavio Montenegro, exgerente del Banco G&T, quien habría utilizado la entidad para dar “legalidad” al dinero.
“Las empresas no desarrollaron ninguna actividad mercantil, sirviendo únicamente como receptoras de dinero de procedencia ilegal, efectivo que sirvió para comprar el 51 por ciento de las acciones de Corporación de Noticias, las que se justificaron con préstamos simulados en el Banco de Desarrollo Rural”, dijo el fiscal Julio Barrios.
Con la designación de los “contratistas”, la Fiscalía imputó los delitos a 10 personas que supuestamente se beneficiaron con contratos de la administración pública.
Se entregan
La exdiputada Beltranena y Flavio Montenegro Castillo, exgerente del Banco G&T, comparecieron ante el juez de Alto Impacto, Miguel Ángel Gálvez, quien los envió a prisión provisional. Con estos suman 56 sindicados en el caso Cooptación del Estado; la diligencia se retomará hoy.
Buscan a Sinibaldi
Alejandro Sinibaldi Aparicio tiene una orden de captura internacional por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, por su presunta participación en el caso La Cooperacha.
En este caso, los funcionarios del gobierno del Partido Patriota señalados se organizaron cada año en torno a las fechas de los cumpleaños de ambos mandatarios, con el objetivo de cooperar para reunir sumas elevadas de dinero que tuvieron como destino la adquisición de bienes de superlujo entregados en calidad de regalo a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
Los efectivos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, del Ministerio Público (MP), realizaron allanamientos en unas oficinas de outsourcing en la zona 9, relacionadas con Sinibaldi Aparicio, dijo la fiscal general y jefa del MP, Thelma Aldana.
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