Se estudia ampliar la demanda de nulidad del contrato que fue suscrito por la Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ) y la Empresa Portuaria Quetzal en 2012, por el usufructo de un terreno de 34 hectáreas, informó Anabella Morfín, titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
“Estamos en el proceso de análisis para presentar una ampliación a la demanda del 27 de mayo, porque consideramos que hay aspectos que son importantes para garantizar los resultados a partir de la nulidad del contrato”, manifestó la procuradora.
En ese sentido, Alexander Aizenstatd, interventor de TCQ, subrayó que con la auditoría interna, que comenzó el 2 de junio y que concluirá esta semana, espera determinar el estatus financiero de la compañía, para asegurar la puesta en marcha de la Terminal bajo principios de transparencia e integridad.
“Durante la visita que realicé a las instalaciones constaté que la infraestructura y la maquinaria están listas para funcionar. Una vez concluya la auditoría, me reuniré con las partes involucradas para comenzar un proceso de discusión”, indicó el interventor.
A la espera
Por su lado, Francisco Solór-zano Foppa, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, dijo que están a la espera de la resolución en dicho caso, para analizar el expediente y valorar si procede declarar a TCQ como depósito aduanero temporal.
“La población debe estar segura que realizaremos un proceso minucioso para dictaminar si procede o no la autorización”, recalcó el jefe del ente recaudador.
Negocio ilícito
De acuerdo con el Ministerio Público, el contrato que permitió la construcción de una terminal valorada en US $255 millones (Q1 mil 953 millones), fue negociado de manera ilícita.
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