Ahora falta ver cómo reacciona el sistema de justicia cuya honorabilidad y profesionalismo serán puestos a prueba en los próximos días.
El pasado jueves 2 de junio no sería un día normal para el país. Desde muy temprano se observaron movimientos de fuerzas de seguridad allanando residencias y capturando a más de 30 personas, entre exfuncionarios de gobierno, empresarios y políticos a granel.
En una acción conjunta la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) llevaron a cabo dichos operativos, en lo que constituye para algunos incluyendo al Comisionado Iván Velásquez, el comienzo de un tsunami que sin lugar a dudas alterará la dinámica empresarial, la manera de hacer “negocios” con el Estado, y por supuesto, la forma de operar de tirios y troyanos que han medrado a la sombra de los fondos públicos.
Los hechos que se les imputa a los capturados no son, ni por asomo, ajenos al conocimiento ciudadano. Desde hace décadas hemos escuchado la vieja cantaleta de que el estado ha sido fuente de un descarado saqueo por quienes han ocupado puestos en los poderes públicos. Y como es de suponer, detrás de un corrupto siempre habrá un corruptor. Esa tonadilla se ha dejado escuchar en innumerables ocasiones.
A lo largo de los diferentes períodos gubernativos hemos visto cómo individuos que entran a laborar en las esferas públicas con una mano adelante y otra atrás, salen atiborrados de dinero. ¿Y dónde guardan su dinero? Nada menos que en las instituciones bancarias. Vaya usted a depositar una mugrosa cantidad de dinero y lo obligan a llenar formularios de rigor; sin embargo, a esos siniestros personajes que llevan maletas forradas de billetes simplemente los acreditan a sus cuentas millonarias bajo un manto de impunidad financiera y con un trato por demás preferencial.
Quizá lo novedoso de estas olas bravas sea que se tocó a aquellos personajes de cuello blanco de quienes, se ha dicho mucho y se ha probado poco. A lo mejor el sistema jurídico del país logre sortear todas las argucias legales que sin duda algunos abogados defensores estarán hoy preparando, y por fin, se juzgue imparcialmente los presuntos delitos cometidos por los capturados. Sabemos de algunos abogados cuyo récord es defender a los malos de la película y por ello cobran millonarias cantidades.
La CIGIG y el MP han cumplido con su papel pesquisidor y acusador. Ahora falta ver cómo reacciona el sistema de justicia cuya honorabilidad y profesionalismo serán puestos a prueba en los próximos días.
No sé si estas acciones logren reconformar la ética ciudadana, especialmente la escala de valores de aquellos que se dedican a administrar dineros públicos. De repente solo agacharán la cabeza por un tiempo, mientras pasa el vendaval.
A lo mejor esta lección contribuya a reprimir el impulso irrefrenable de tomar lo ajeno. Al fin y al cabo, justifican algunos personajes cara dura: “La vergüenza pasa, el dinero se queda en casa”.
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