¿Quiénes votaron por los diputados acusados hoy de ilícitos?
Abril del 2015 marcó un hito en la historia de Guatemala y no fue porque la población haya tomado conciencia de su situación social, ni mucho menos porque adquirieran una visión crítica de la problemática política y económica del país. Sino que a raíz de la revelación hecha por Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y de Thelma Aldana, jefa del Ministerio Público (MP), sobre el desfalco ocurrido en la SAT.
La corrupción en las esferas gubernamentales no es nueva, ya que campea con impunidad desde hace mucho tiempo. Los excesos cometidos en el gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti fueron la gota que rebalsó el vaso.
Quizás la idea de que un país tan corrupto y con tantas asimetrías sociales como Guatemala solo puede ser saneado a partir de una injerencia exterior, fue lo que determinó el cambio. Al estar copadas todas las instancias públicas haría muy difícil la transformación desde adentro.
Con el caso La Línea se evidenció la calidad de políticos que han gobernado el país, con el gobierno del Patriota, con Pérez Molina y Roxana Baldetti los excesos se magnificaron. A partir de ahí, la CICIG y el MP dieron a conocer las defraudaciones fiscales no solo en la SAT, sino también en la concesión del puerto Quetzal a través de la Terminal de Contenedores Quetzal. En ambos casos se socavó el erario nacional en detrimento de los sectores más necesitados.
Ahora se suma la corrupción en el Congreso con plazas fantasmas, contrataciones fraudulentas de al menos 148 puestos, muchos de ellos con sueldos mayores a 10 mil quetzales mensuales, con personas que no llenaban los requisitos para el puesto asignado y que nunca llegaron a laborar.
La corrupción invade todas las esferas gubernamentales y, desde luego, que a ella no escapa la iniciativa privada. Si hay ámbitos del Gobierno permeadas por la corrupción, es porque existen personas que corrompen y que se dejan corromper con el afán de enriquecerse ilícitamente. Magistrados, diputados, funcionarios y empresas privadas no escapan a la red de corrupción que invade al país.
Mientras los exmandatarios y su red de corrupción se llenaban los bolsillos, la red hospitalaria, la educación, el desarrollo de la niñez y la juventud están sufriendo la crisis más grande de los últimos tiempos.
Las preguntas son: ¿quiénes eligieron a los “políticos” que han gobernado al país? ¿Quiénes votaron por los diputados que hoy son acusados de ilícitos? ¿Es responsabilidad ciudadana o del sistema político imperante?
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