La administración del presidente Jimmy Morales está por comenzar dos iniciativas trascendentales para el país, en el marco de la Política de Gobierno Abierto: la construcción participativa de una nueva propuesta de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y la discusión incluyente para la formulación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2017.
Sobre la primera, el mandatario anunció el 24 de mayo, junto a la sanción al cuerpo legal, que se promovería un nuevo grupo de cambios con base en las conversaciones sostenidas con organizaciones de la sociedad civil, centros de estudio e instituciones académicas, para verificar que lo aprobado por el Congreso respondía “al clamor popular”.
En ese sentido, declaró que las modificaciones efectuadas le parecían insuficientes porque no se amplió el presupuesto al Tribunal Supremo Electoral, ni se tocó el tema de la democratización de los partidos políticos y las cuotas, paridad y representación de mayorías, como mujeres, jóvenes e indígenas, y tampoco se establecieron límites a la reelección de diputados, ni se fortaleció el padrón electoral.
Acerca del Presupuesto 2017, el gobernante dio a conocer ayer que la próxima semana comenzarán las reuniones con diferentes sectores sociales para dialogar sobre este, que es el máximo instrumento de planificación y orientación operativa anual gubernamental.
Al respecto, manifestó que se publicará un calendario con los días que estará abierto el foro, en lo que se espera se convierta en una práctica de cada año para que la población se entere de la proveniencia, asignación y gasto de recursos, y que sea la puerta por la cual la ciudadanía acceda al conocimiento de las políticas públicas.
Los dos esfuerzos de diálogo son meritorios porque atienden, el primero, la composición de la estructura del sistema político nacional, y el segundo, la coyuntura operativa de 365 días que traduce en la práctica las relaciones entre grupos, y el Gobierno como ejecutor.
Ambos son intentos por profundizar el carácter participativo de la democracia guatemalteca, y medios completamente coherentes con sus fines, que se resumen en una mejor representación del interés público por parte de los servidores estatales y funcionarios electos.
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