La Procuraduría General de la Nación podría accionar jurídicamente para conseguir la nulidad de 19 contratos de usufructo que se habrían otorgado de forma anómala en la Empresa Portuaria Quetzal entre 2012 y 2014, cuando Allan Marroquín fungía como interventor, manifestó su titular, María Eugenia Villagrán, en una reunión con diputados del Movimiento Reformador.
“De acuerdo con las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, la función del interventor es garantizar la continuidad de las operaciones en la instancia que le es encomendada, por lo que la firma de los convenios sería ilegal”, explicó la funcionaria, y añadió que la Contraloría General de Cuentas está analizando los convenios para determinar si con el otorgamiento de usufructos se simuló una concesión de servicios públicos.
Comentario
Fernando Fernández, encargado de Probidad del ente fiscalizador, informó que también se estudiarán con detenimiento los contratos vigentes en la Portuaria Santo Tomás de Castilla y en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
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