Brasilia, Brasil | AFP | En opinión de Dilma Rousseff, presidenta de Brasil suspendida temporalmente, el audio en el que se escucha a uno de los hombres fuertes del actual gabinete interino de Michel Temer, demuestra que el juicio político en su contra obedece a un “golpe”.
En un audio filtrado por el diario Folha de Sao Paulo, el hasta ayer ministro de Planificación, Romero Jucá, sugirió que la destitución de Rousseff permitiría detener las investigaciones sobre el multimillonario fraude, en el que
En la conversación de Jucá se le escucha decir que la caída de Rousseff ayudaría a detener las investigaciones del escándalo multimillonario de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. Según el funcionario, era necesario un “pacto” para detener las indagaciones sobre el escándalo de corrupción en la estatal, del que está siendo investigado.
En la grabación, captada en marzo de este año, Jucá afirma que “tiene que cambiar el Gobierno (De Rousseff) para estancar esa sangría”, en relación a las investigaciones del caso Petrobras. La plática fue sostenida con el presidente de una empresa procesadora de petróleo y gas brasileño.
“Si alguien todavía no tenía certeza de que hay un golpe en curso, basado en el desvío de poder, en el fraude, las declaraciones fuertemente incriminatorias de Jucá sobre los objetivos reales del impeachment, sobre quién está por detrás de él, elimina cualquier duda (…). Los principales articuladores confiesan ‘somos golpistas'”, lanzó la mandataria, sobre quien no existe ninguna acusación de corrupción o de enriquecimiento personal con el fraude.
Jucá explicó que pidió a la fiscalía “determinar si hubo crimen” en su diálogo con el expresidente de la compañía procesadora de petróleo y gas Transpetro, Sergio Machado, también investigado de haber pagado sobornos en el marco de la trama corrupta.
Temer, que fue vicepresidente de Rousseff por cinco años, asumió el poder apenas hace 11 días tras la suspensión de la mandataria para ser juzgada en el Senado por manipulación de las cuentas públicas. En principio gobernará seis meses mientras se realiza el juicio y terminaría el mandato hasta 2018 si es finalmente destituida.
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