Eso de proponer terna para Gobernadores, ha dado lugar a suspicacias, manipulación, corrupción y litigios que ponen en evidencia un proceso administrativo político.
Un conocido jurista con amplio conocimiento del derecho constitucional me dijo una vez, platicando de la elección de los gobernadores en la que tanto he insistido, que para aprobar eso en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP) había que reformar el artículo 227 de la Constitución Política, y en efecto, al consultarlo habla del Gobierno de los departamentos a cargo de un gobernador nombrado por el Presidente de la República y les otorga derechos similares a los de un ministro de Estado, incluso les da inmunidad igual que a los ministros.
Ahora bien, el hecho de encontrar un candado en la Constitución, que no permite la elección de ese funcionario a cargo del poder departamental, no significa que en esta reforma quede fuera la propuesta para proceder democráticamente y quitarle un compromiso político desgastante al Presidente, que con cada inicio de gestión administrativa se ve perseguido y acosado por distintos frentes, que apadrinan nombres y personajes, para mantener protegidos sus intereses y buscar beneficios que han sido parte de la corrupción del pasado.
Los que más trafican influencias para nombrar a los gobernadores son los partidos políticos y diputados, para garantizar el clientelismo político, mediante el manejo de los presupuestos millonarios que llegan a las gobernaciones departamentales mediante la asignación constitucional. Conocemos a varios diputados o exdiputados que con el uso de empresas de cartón, sociedades anónimas, en contubernio con alcaldes municipales o miembros del Concejo Municipal fueron favorecidos con millones de quetzales de ese presupuesto y por años construyeron caminos, carreteras, canchas deportivas, salones de usos múltiples, pozos y todo lo referente a obra gris.
Ese mismo constitucionalista me decía que se puede prever desde ahora, en espera de la reforma constitucional, el espacio para la elección de los gobernadores en las próximas elecciones. La propuesta de la LEEP fue analizada por la comisión respectiva en el Congreso, aprobada por el pleno con las enmiendas propuestas por ellos, ahora se encuentra en el despacho del Presidente, y sin conocerla, me adelanto a opinar que difícilmente lleve incluido un apartado que se refiera al tema.
Sin embargo, se ha dicho que quieren quitar la inmunidad a los ministros y gobernadores, reformar el artículo 227. Es obvio y oportuno que se aproveche para eliminar el compromiso que tiene el Presidente de la República al nombrar gobernadores, porque eso de proponer terna, también ha dado lugar a suspicacias, manipulación y litigios que ponen en evidencia un proceso administrativo político y sin mayor acción de culpa que desgasta la imagen presidencial, cuando el compromiso se debería de endosar a la población para que tenga la oportunidad de proponer y elegir entre varias personas a su gobernador, que tendrá la responsabilidad de manejar un presupuesto designado para el desarrollo comunitario. Todavía estamos a tiempo.
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