Usureros

¿Controla la Superintendencia de Bancos a estas instituciones que se dedican a actividades altamente lucrativas?

En la carretera hacia El Salvador, a la altura del mirador de Vista Hermosa, una enorme valla publicitaria destaca un anuncio que ofrece préstamos rápidos sobre garantía prendaria, especialmente automóviles.

El anuncio tiene un discurso que atrae la atención de cualquier persona necesitada de resolver de inmediato una penuria económica.

Movido por la curiosidad, llamé al número telefónico que anuncia la valla, al otro lado de la línea responde una señorita (o señora) con tono muy cordial, quien pide los datos personales antes de dar la información solicitada: motivo de su llamada, teléfono, dirección, tipo de automóvil, marca, año, y demás información de su interés. Acto seguido, conecta a otra persona que da a conocer lo relacionado sobre los préstamos.

Aquí viene lo sorprendente. La persona indica las condiciones sobre las que prestan el dinero.

A quienes solicitan menos de 10 mil quetzales les cobran mensualmente 1 mil 800 quetzales de interés, o sea, el 18 por ciento, algo así como el 216 por ciento anual. A quienes solicitan más de 10 mil quetzales le cobran el 16 por ciento mensual, o sea, el 192 por ciento anual. El automóvil que se da en garantía prendaria es sometido a control mediante el sistema GPS, lo cual indica que usted será controlado las 24 horas del día.

Pregúntese lector, ¿es esto o no un interés leonino? ¿Es usura? La respuesta es obvia. ¿Controla la Superintendencia de Bancos a estas instituciones que se dedican a estas actividades altamente lucrativas? ¿Cuál es la ley que rige sus actividades económicas?

Tal pareciera que son grupos de personas que realizan sus operaciones al margen de cualquier normativa, pero que sin embargo, tienen dirección física donde se puede ejercer algún tipo de control por parte de las autoridades competentes, a efecto de garantizar que se rijan por cánones éticos y legalmente controlados.

Aclaro que no estoy en contra de la libertad empresarial; sin embargo, considero que toda actividad de este tipo debe evitar lesionar los intereses ciudadanos de quienes, por una u otra razón, se ven en la necesidad de enajenar sus bienes para resolver situaciones de emergencia económica. Lucrar con la necesidad humana es siempre un acto reñido con la ética y muchas veces con la ley.

El caso que sirve para ilustrar esta columna es solo un ejemplo de muchas empresas que se dedican a esquilmar a la ciudadanía arrebatándole literalmente sus bienes, mediante contratos leoninos y usureros que la mayoría de veces se encuentra con la imposibilidad de cumplir. Ahí está el caso de las tarjetas de crédito e incluso bancos cuyas tasas de interés son un asalto al bolsillo de los ciudadanos.

Quizá esta sea una voz en el desierto. Quizá pase desapercibida por las autoridades que deben velar por el correcto manejo de estas “empresas” usureras, en cuyas garras caen personas desesperadas por la asfixiante situación económica que padecen. A lo mejor surja de sus cenizas, un Chapulín Colorado que nos defienda con su astucia y sagacidad de antihéroe.