La intervención de la empresa Aceros de Guatemala fue ordenada por Adrián Rodríguez, titular del Juzgado Séptimo Penal, luego de que el Ministerio Público (MP) solicitara la aplicación de la medida por supuesta defraudación al fisco. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se encarga de llevar a cabo esa acción.
En tanto, el administrador de la Justicia también dictó arraigo contra el representante legal de la compañía, Pedro José Raúl Paiz Valdez, y los socios mayoritarios, José Luis Gabriel Abularach y María Eugenia Valdez Gómez.
De acuerdo con investigaciones del MP, una estructura supuestamente liderada por Giovanni Marroquín, implicado en el caso La Línea, alteró informes del ente recaudador para favorecer a la compañía en el tema tributario, con lo cual se habrían defraudado Q255 millones.
Multas e intereses
Francisco Solórzano, jefe del ente recaudador de impuestos, dijo que la intervención de la empresa es por el impago de las obligaciones tributarias. El funcionario explicó que la compañía adeuda no menos de Q500 millones en multas e intereses de 2009 a 2014.
“La disposición no afectará el desempeño de la institución, pues el objetivo de esta medida es asegurarnos de que se tengan los fondos para cobrar la deuda”, manifestó Solórzano.
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