Como resultado de una investigación que realizó el Ministerio de Gobernación, en los primeros meses de gestión, se estableció que 75 personas asignadas a esa cartera devengaban salarios de entre Q20 mil y Q30 mil sin realizar alguna actividad, por lo que se les anularon los contratos.
Francisco Rivas, titular de la cartera mencionada, indicó: “Una de las cosas que más me impresionó fue encontrar a no menos de 100 personas contratadas y asignadas a mi despacho que nunca se les había visto en las oficinas, que no entregaban productos y estaban ganando cuantiosos salarios”.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ha solicitado desde 2015 que se audite a las entidades públicas.
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