Lejos de transparentar los procesos de postulación, la universidad contribuyó a prostituirlos.
Con 2 años de atraso respecto de cuando se anunció la iniciativa, el 25 de abril se oficializó la convocatoria al “Gran diálogo nacional para las reformas a la Constitución Política de la República en materia de justicia”.
Encabezado por los presidentes de los 3 poderes de Estado, el proyecto cuenta con un documento base y una Secretaría Técnica formada por la institución del Procurador de los Derechos Humanos, el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad.
De acuerdo con lo explicado, la convergencia multisectorial tendrá las características de sistémica e integral, dinámica, participativa e incluyente, articuladora y unificadora de esfuerzos anteriores, política y técnica.
La tabla de temas que serán objeto de análisis y discusión abarca 19 tópicos y 5 disposiciones transitorias que representan la columna vertebral de uno de los ámbitos clave en la gestión estatal.
Por ejemplo, se promueve eliminar el derecho de antejuicio para alcaldes, gobernadores y diputados al Parlamento Centroamericano, que no menos de 9 de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia ingresen en esta por la carrera judicial y que se mantengan en el cargo por 12 años.
A la Corte de Constitucionalidad le amplía el número de escaños a 9 y su integración será resultado de la designación de 3 por cada uno de los Organismos de Estado, marco en el que el Ejecutivo hará la escogencia en consejos de ministros.
Un detalle relevante es que la propuesta deja de lado las comisiones de postulación y en particular saca de la jugada a las hasta ahora influyentes universidades y Colegio de Abogados y Notarios.
Vale apuntar que cuando la citada instancia irrumpió en escena y el gremio referido y las casas de enseñanza superior alcanzaron incidencia por medio de las facultades de ciencias jurídicas, el reconocimiento fue casi unánime, pues se pensó en el mundo ideal y en las altas credenciales de la academia.
Sin embargo, las comisiones pronto se torcieron y más que motivarse en la correcta administración de las leyes, privilegiaron intereses espurios con el efecto de que la medicina salió peor que la enfermedad.
Hoy no merecen atención las quejas de las autoridades universitarias, especialmente de la San Carlos, ni de los representantes de los abogados, ya que las comisiones de postulación lejos de transparentar la elección, han servido para la manipulación, compra-venta de votos, pago de favores, represión de voces disonantes y otras prácticas deleznables; en resumen, le fallaron al pueblo.
Y es que sometida a la politiquería, la corrupción y el abuso de poder, la academia no debe, no puede y no tiene porqué involucrarse en un proceso que requiere honestidad, factor que ojalá predomine en un nuevo intento que la sociedad impulsa en su lucha por un mejor país.
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