Después de un período prudente para analizar el tema junto a sus consejeros específicos del más alto nivel, el presidente Jimmy Morales formalizó ayer el respaldo de su gobierno a la solicitud de la Procuraduría General de la Nación, respecto de gestionar legalmente la anulación del convenio suscrito entre la Empresa Portuaria Quetzal y la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
Así lo anunció anoche el vocero presidencial, Heinz Hiemann, quien aseguró que con la medida se busca que se protejan todos los intereses del Estado.
Según lo expresado con anterioridad por el mandatario, el caso es complejo, y hubo que tomar en cuenta implicaciones económicas, legales y políticas.
Una de las aristas más complicadas del asunto será encontrar el procedimiento para poner el orden necesario en una operación que comenzó con bases legales cuestionadas, sin privar al país de infraestructura para el comercio internacional, de la cual está tan necesitado.
Ese parece el principal desafío, en referencia al cual el jefe del Organismo Ejecutivo puntualizó que se tratará de actuar de forma sabia, sin amenazar el bienestar colectivo y en busca de una solución administrativa adecuada, ceñida a las normativas.
Con la decisión, el Gobierno envía un mensaje importante a las empresas domésticas y transnacionales que deseen hacer negocios: el Estado guatemalteco está cambiando en función de fortalecer su régimen de derecho, y aunque en ese sentido determinadas operaciones resulten afectadas de inmediato, el cumplimiento de la Ley reportará mayores beneficios a la nación y a los inversionistas en el mediano y largo plazo.
No sin razón, la certeza jurídica es uno de los indicadores principales de competitividad que se miden en el desempeño de cada país.
Por otro lado, la población apreciará que las investigaciones en torno al proceso legal ya iniciado denominado TCQ lleguen hasta las últimas instancias, con la demanda y colaboración de las instituciones gubernamentales, para contribuir al mejor desempeño de los funcionarios públicos de ahora en adelante.
Ese será el mejor resarcimiento para Guatemala, a partir de esta difícil prueba a sus autoridades de turno y al sistema de justicia.
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