Las aguas deben ser libres, así como quiénes las defienden. Desviar los ríos y contaminar las aguas es un delito que debe ser penalizado.
Más de 35 mil personas se movilizaron de distintas maneras para hacer valer el sentido colectivo de que el agua es un bien público, que debe ser cuidado por toda la sociedad y no puede ser privatizado, mercantilizado y tampoco aprovechado por unas cuantas personas para su beneficio.
El 22 de abril llegó la #MarchaPorElAguaGt a la ciudad capital, habiendo caminado más de 500 kilómetros durante 12 días. Mujeres, hombres, niñas y niños recorrieron las carreteras constatando lo que por años se ha denunciado: las aguas están en riesgo de muerte, los ríos están secuestrados y contaminados.
Hoy la demanda por la vida es la consigna. Se propone que el desvío de los ríos sea considerado un delito porque en los últimos 30 años, cañeras, palmeras y otras empresas agroindustriales, usan los ríos a su antojo. Los desvían a sus plantaciones en verano dejando a los pueblos sin agua; y los sueltan en invierno generando grandes inundaciones y desastres en los pueblos aledaños.
Mineras e hidroeléctricas usan las aguas contaminándolas y dejando sin el vital líquido a las comunidades cercanas.
Esta marcha exige la coherencia en el cumplimiento de las resoluciones judiciales contra empresas mineras que han sido notificadas para que terminen con sus trabajos de explotación, por considerarse dañinos para la población. Entre ellas están, la minera San Rafael y la de Exmingua ubicada en La Puya, que han recibido por parte de la Corte Suprema de Justicia y ratificado por la Corte de Constitucionalidad, el mandato de cesar en sus funciones, pero a pesar de ello, siguen funcionando a su antojo.
La frase las aguas deben ser libres, así como quienes las defienden, hace alusión a la necesidad de que se permita la libertad de asociación y de expresión de aquellas personas que respaldan el principio de que el agua es un bien común, y que defienden el uso de ríos contra las grandes hidroeléctricas u otros proyectos extractivos, en la búsqueda del bienestar de sus comunidades.
Muchos pasos se dieron desde pueblos remotos, un espíritu de solidaridad y esperanza la recorrió a su largo y ancho. Uno de los caminantes lo expresó: “Los kilómetros son cortos comparados con los corazones que palpitan en esta marcha”, refiriéndose a las múltiples muestras de cariño, compartir y cooperación que se mostraron en el camino y entre las personas caminantes.
Hoy se hace el llamado a la conciencia de la población capitalina y del resto del país: defender el agua es responsabilidad social. No contaminarla y no mal gastarla es también un asunto personal y familiar. Pero denunciar los atropellos de quienes en gran escala matan los ríos es un asunto comunitario y de país.
Resolverlo es un asunto político nacional y estatal que debe ser resuelto ¡YA!
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