Más que ley, un derecho

Una ley de aguas no solo debe sancionar y regular, tiene que generar también compensación social.

La mayoría de los ciudadanos se identificaron de alguna u otra manera con la Marcha por el Agua, cuyos argumentos lejos de ser idealistas, plantearon verdades incómodas que nadie quiere abordar en un tema de ciudadanía responsable.

Tristemente, para avanzar en una ley de aguas, no podemos empezar a señalar con el dedo a los responsables mayores, también hay personas que hacen un uso salvaje e irracional del agua. El lago de Atitlán ha cambiado con el tiempo, a pesar de ser uno de los lugares más bellos, ahora las personas lo piensan tres veces antes de nadar en él, ya que el lago no tiene desagüe natural, es decir, es como una piscina, y la cianobacteria ahora, en vez de ser un cuerpo extraño que aparecía cada cierto tiempo, ya se sabe que aparecerá anualmente en sus épocas pico, porque no se ha tenido la voluntad de todos los actores de la cuenca para solucionar el problema de la contaminación.

 He sido testigo de la evolución del río Sis, desde mi niñez he visto cómo las malas prácticas han afectado la flora y fauna, atrás quedó la diversidad biológica, los remolinos del río, los peces, los animales propios del lugar, incluso cuando tenía 9 años, vi de lejos un venado en  el parcelamiento La Máquina, Suchitepéquez, donde pasa ese río. El afluente ahora es café, y en ciertas épocas simplemente apesta, ya ni el ganado bebe de esa agua. También he visto cómo las comunidades del lugar arrojan basura al río, lavan ropa y platos, y el abuso del agua para fines domésticos, al final todo eso es contaminación, el punto es el poco respeto por un bien común social, el agua.

El agua no es una mercancía, su acceso y aprovechamiento es un derecho humano, pero también su uso racional y regulatorio debe ser claro desde el principio. El ordoliberalismo de la Economía Social de Mercado, nos enseña que la dignidad humana debe ser respetada plenamente, y para esto se debe garantizar una sociedad democrática, con justicia y equidad, y una base económica más humana, pero regulada por el Estado. Es por eso que el derecho al agua, no puede ser manejada por comunidades locales, sino estas, deben monitorear el cumplimiento para garantizar el derecho común regulado por el Estado.

Es necesario buscar gobernanza y soberanía por parte del Estado en este impostergable tema, pero también tiene que asegurarse su sostenibilidad y acceso, y es como el Estado debe tener la capacidad en hacerlo a través de una entidad creada para ello. Las municipalidades por su parte, disponen hasta el 2019 para lograr avances en materia del tratamiento y acceso de ese recurso, los problemas del agua en el área urbana se agudizan por falta de acceso, y el tratamiento del agua implica altos costos que el consumidor final no está dispuesto a pagar.

En fin, es de todos la culpa, al menos yo sí, más que marchar, estoy dispuesta a defender un recurso valioso para las siguientes generaciones, ¡exijo una ley de aguas!