Guatemala emprendió ayer un nuevo esfuerzo, el más importante de años recientes, para fortalecer el Estado de derecho y mejorar las condiciones de vida de toda la población, el Diálogo nacional: Hacia la reforma de la justicia.
Los presidentes de los poderes estatales Jimmy Morales, del Ejecutivo; Mario Taracena, del Legislativo, y Ranulfo Rojas, del Judicial, acordaron promover reformas a la Constitución Política de la República y a leyes, que buscarán garantizar independencia, pertinencia cultural y profesionalismo en el sistema de administración de justicia, y de esa manera, un combate más efectivo contra la impunidad y la corrupción.
Ha sido bien recibida la noticia de que las acciones para lograr este objetivo serán ejecutadas por una secretaría técnica, que estará integrada por la fiscal general, Thelma Aldana; el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, e Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
Entre sus tareas estará dirigir las mesas de discusión de la propuesta de cambios a la Carta Magna conocida ayer, en 8 regiones, para integrar un texto final que se entregará en agosto.
Respecto de este tema, Morales aseguró: “Guatemala se encuentra en un momento histórico que demanda compromiso y responsabilidad”, en función de su recuperación como país, y, en ese sentido, hizo un llamado a todos los sectores a participar también en el Diálogo Nacional para el Desarrollo Humano.
Con esta iniciativa, la Presidencia pretende que sea elaborado un análisis consensuado sobre la situación estatal y que se establezcan prioridades de manera plural y participativa, pero principalmente, que se encuentren y asuman colectivamente soluciones y compromisos.
Guatemala ha apostado formalmente por el establecimiento de mecanismos de concertación para dotar de legitimidad la acción pública y sumar la mayor cantidad de actores en las labores por el bien común.
Iniciativas como las anunciadas para reformar la Justica y encontrar rutas hacia la prosperidad contribuyen a la generación de la cultura de corresponsabilidad entre funcionarios y población, en la cual la administración pública debe garantizar la gobernanza.
De esta manera, por primera vez en décadas, los planes de largo plazo para el progreso tendrán un campo fértil para ir desarrollándose.
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