De forma unánime, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) autorizó el traslado del caso Lago de Amatitlán al Juzgado C de Alto Impacto, a cargo de Víctor Herrera.
Por este hecho están procesadas 15 personas, supuestas integrantes de una red que habría estafado al Estado mediante un contrato otorgado a una empresa para la limpieza de ese manto acuífero.
La solicitud fue planteada por Ana Carmelita Hernández, fiscal del Ministerio Público (MP), y Flor de María Gálvez, representante de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, por la vulnerabilidad en que se encuentra el expediente en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Villa Nueva.
Sin oposición
El abogado Mario Cano, defensor de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, una de las acusadas, y Fernando Guerra, quien representa a Jorge Mario Cajas, otro señalado, no se opusieron al traslado.
De acuerdo con las pesquisas, la organización señalada operó en instituciones del Estado y en empresas creadas para obtener ganancias con la concesión del proyecto de saneamiento del lago de Amatitlán, con el fin de beneficiarse de manera económica.
Según el MP, la estructura diseñó un esquema que le permitió realizar sus actividades ilegales con apoyo político de alto nivel. Cobró sobornos y usó a personas particulares para desviar los fondos.
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