Mejor al diálogo

Es oportuno abrir un espacio de diálogo con quienes tengan opinión en el tema.

En los últimos días, los guatemaltecos hemos sido  testigos de un movimiento impulsado por los no videntes vendedores de

Lotería Santa Lucía, institución autorizada por el gobierno de Carlos Castillo Armas, con la finalidad de procurar fondos para los programas y servicios que el Comité Pro Ciegos y Sordos, presta a los sectores de escasos recursos económicos, que presentan problemas de la vista y del oído, que actualmente se considera supera el medio millón de casos y que no cuentan con mayores apoyos. 

Antes de la autorización de la lotería por parte del Estado, el Comité basaba el financiamiento de sus acciones en una recaudación pública impulsada por la señora Elisa Molina de Stahl y la Asociación de Muchachas Guías, denominada “La Semana del Ciego” con la frase: “El Termómetro del Amor”, pero al ir aumentando la demanda de los servicios, crecieron también los gastos y las carestías, por lo que hubo necesidad de realizar esta gestión.

El proyecto significó una importante fuente de ingresos económicos para los no videntes que se dedicaron a la venta de los billetes, lo que motivó a los compradores desde sus inicios, ya que, además de la posibilidad de obtener algún premio, se tiene la oportunidad de cumplir con una responsabilidad social, en el campo laboral y en la obtención de fondos para el financiamiento de programas de educación, rehabilitación y tratamientos médicos hospitalarios para todas aquellas personas que presentan afecciones de la vista y del oído.

Es innegable que el Comité y la lotería, inspirados por el espíritu de servicio social de la señora de Stahl, significan hoy  legados que todos tenemos que valorar y fortalecer, especialmente, quienes por diversas circunstancias estamos vinculados a los mismos, porque finalmente no es propiedad de nadie en particular, sino un patrimonio del pueblo, por lo que se debe proceder con buena voluntad, porque cuando las diferencias se ventilan en la vía pública, solo se evidencia la falta de condiciones para resolver nuestros desacuerdos.

Por lo que el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI), en su calidad de ente coordinador y asesor, que entre otros objetivos se le refiere la responsabilidad de velar y promover los derechos de las personas con discapacidad, plantea a la Procuraduría de los Derechos Humanos, la integración de un espacio de diálogo con participación de todos quienes tienen opinión en el tema y que deseen aportar incluyendo a la Comisión Sobre Asuntos de Discapacidad del Legislativo.

Con el mismo objetivo, las autoridades del Comité solicitaron la intervención de la Comisión del Congreso, por lo que se observa buena voluntad de las partes y hace surgir la expectativa de encontrar soluciones a una diferencia histórica, que si no se plantea en este momento, no solo puede agravar la situación, sino puede llevar al cierre de una institución de muchos años de trabajo, así que mejor al diálogo.