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A luz, gastos de Pérez y Baldetti

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El 12 de abril, Juan Carlos Monzón Rojas, quien fue el hombre de confianza de la exvicemandataria Roxana Baldetti Elías, declaró en calidad de colaborador eficaz ante el juez de Alto Impacto Miguel Ángel Gálvez Aguilar, en el caso de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

En la citada oportunidad mencionó: “No solo tuve conocimiento, sino que yo hice que ese usufructo oneroso se llevará a cabo”, indicó el ex secretario privado, y se justificó diciendo que lo hizo por instrucción de la exvicegobernante.

Además, reveló sobre algunos pagos que le realizó a la exvicepresidenta, pues él le llevaba el control.

Una suma aproximada de Q30 millones (US $4 millones) gastó Baldetti al ver la disponibilidad del dinero, declaró Monzón: quien resaltó: “Se pagaron 2 terrenos, spa, ropa y otros gastos personales”, y que le dio Q770 mil (US $100 mil) en efectivo en las oficinas de la Vicepresidencia, tal como ella lo pidió.

En su declaración ante el juez, Monzón dijo que al expresidente Otto Pérez Molina se le realizaron pagos de 2 terrenos, 1 lancha y equipo de pesca. Adicional a lo anterior, el 16 de diciembre de 2014 Monzón Rojas dejó en la parte de atrás del escritorio del exmandatario Q23 millones (US $3 millones), producto del cobro de comisión por darle el usufructo a TCQ.

“Le tomé una foto (al paquete de efectivo) y se la envié a la vicepresidenta”, reveló el colaborador eficaz.

Desde enero 2012 hasta abril 2015 se concertó un grupo con roles definidos para aliarse, con el fin de obtener beneficios económicos con la ejecución del contrato a favor de Terminal de Contenedores Quetzal, expresó la Fiscalía.

Aceptan a la PGN

El juez Gálvez admitió que la Procuraduría General de la Nación (PGN) es representante de víctima agraviada para una futura acción reparadora, por lo que programó la indagatoria para el próximo lunes.

Solicitan amparo

Diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza presentaron un acción de amparo ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, para impedir que la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Quetzal autorice la entrada en operaciones de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), por considerar que esto dificultaría la cancelación del contrato que analiza la Procuraduría General de la Nación, en caso de que esta lo crea conveniente.


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