El Congreso remitirá a la Corte de Constitucionalidad un informe circunstanciado, en el cual explica sus razones para rechazar el veto presidencial al Decreto 11-2016, mediante el cual se pretende sancionar con cárcel a los funcionarios que no acudan a las citaciones hechas por los diputados.
Tal documento fue solicitado por el tribunal constitucional, después de que el Organismo Ejecutivo presentara una acción para evitar que la medida cobre vigencia.
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