Mediante una propuesta de modificación al Código Penal, los diputados Rónald Sierra y Boris España, del Movimiento Reformador, impulsan en el Congreso el castigo por el desvío del cauce de las corrientes de agua, con penas de entre 5 y 8 años de prisión inconmutable y multas que irían de Q1 millón a Q1.5 millones, para las personas individuales o jurídicas que actúen en nombre propio o en representación de otra.
Por su parte, Felicita Pineda, de la Red Nacional para la Defensa de la Soberanía Alimentaria de Guatemala, solicitó al Estado tomar en cuenta las recomendaciones emitidas por el Tribunal Latinoamericano del Agua, para salvaguardar los recursos naturales colectivos y garantizar el cumplimiento del derecho de los pueblos a contar con el líquido vital adecuado para el consumo humano.
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