Dos leyes que prohíben el financiamiento de las empresas a campañas políticas y que fijan una mayor regulación a los partidos fueron promulgadas ayer por la presidenta chilena, Michelle Bachelet.
El primer proyecto, la Ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, fija un financiamiento estatal para los partidos políticos, prohíbe los aportes de personas jurídicas o empresas y rebaja el límite del gasto electoral. El segundo regula el funcionamiento de las agrupaciones, supervisa sus elecciones internas y establece una cuota de género de un 40 por ciento para los candidatos que se presenten en las elecciones.
La causa
Durante 2015 se destaparon en Chile casos de financiamiento ilegal de políticos por parte de empresas como la minera Soquimich, el grupo económico Penta o la pesquera Corpesca, entre otros.
En la mayoría de los casos se usaron facturas falsas o por servicios no prestados para justificar los gastos y rebajar con ello impuestos desde sus contabilidades.
“Ya no debe permitirse que compañías financien a personas para que lleguen a determinados puestos de elección popular”, comentó Juan Carlos Solís, vecino de la capital.
Las iniciativas forman parte de una agenda de probidad que lanzó el gobierno socialista para hacer frente a casos de corrupción. “Estamos fijando nuevas reglas para nuestra democracia. No queremos una política que se hace a espaldas de la gente o que pueda verse contaminada por el dinero”, dijo la mandataria.
Deja un comentario