Entre menos personas vacunadas haya, mayor es el alcance y velocidad de una enfermedad.
Quienes se niegan a vacunar a sus hijos, convencidos por argumentos largamente desacreditados, no solo les ocasionan un daño a ellos y ponen en riesgo a la sociedad; además, aprovechando la inmunidad colectiva, rayan en el oportunismo o en eso que los economistas llaman free riding.
Pese a que las vacunas han sido una de las mayores contribuciones científicas de la historia, salvando millones de vidas, tienen detractores. En los últimos años, con los movimientos antivacuna, ha proliferado la moda de no vacunar a los hijos. Estados Unidos, con una tasa de vacunación significativamente inferior a la de otros países desarrollados, es un caso emblemático.
Estos grupos se apoyan en la creencia de que las vacunas causarían severos trastornos. Por cierto, sin evidencia científica de respaldo o, peor aún, influidos por estudios fraudulentos. El más influyente y célebre fue uno publicado en 1998 en la revista médica The Lancet. Este sostenía que la triple vacuna contra el sarampión, la rubéola y las paperas, podía generar autismo. Años más tarde, se demostró el fraude. Uno de los mayores engaños médicos del último siglo según la revista Annals of Pharmacotherapy.
Además de los supuestos riesgos para la salud, se invocan motivos religiosos y místicos los que (vaya paradoja) rayan más bien en el oportunismo o eso que los economistas llamamos free riding (viaje gratis). ¿Por qué? Simplemente por la lógica de la inmunidad colectiva. Si todos se vacunan y usted místicamente decide que no, la probabilidad de que usted se enferme es baja.
Pero cuando muchos hacen ese razonamiento, el viaje gratis puede tornarse en uno insalubre. Ello porque, al desafiar el principio de inmunidad colectiva, se puede poner en jaque la salud pública. Y es que mientras menos personas vacunadas haya, mayor es el alcance y velocidad de propagación de una enfermedad contagiosa. Esto no solo afecta a los hijos de padres que decidieron no vacunarlos. También arriesga a personas que, por razones médicas y de incompatibilidad (por cierto las hay), no por decisión propia, no pudieron ser vacunadas.
Por ahora, en esta discusión, hay tres elementos en conflicto: el derecho de los padres, el derecho de los hijos y la salud pública.
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