El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, anunció que seguirá la rescisión del contrato con la empresa Security Assistance Group para la instalación de un sistema de control migratorio, y anunció que se alista una nueva licitación para adquirir el equipo.
El 9 septiembre de 2015, la Procuraduría General de la Nación dictaminó a favor de que no se continuara con la compra, pero tras una impugnación de la parte afectada, en febrero cambió de parecer.
Jean Paul Briere, presidente de la Comisión del Migrante del Congreso, expresó recientemente que está a favor de que se implemente un mecanismo que ayude a controlar el tránsito migratorio, siempre y cuando no vulnere los intereses económicos del Estado.
El contrato anterior para la adquisición del equipo y su funcionamiento era por US $109.8 millones (Q878.9 millones) y se iba a financiar con el cobro de US $15 (Q116) a los visitantes que llegan al país
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