Estamos lejos de contar con un transporte público accesible y digno.
Entre las denuncias dadas a conocer durante los días de la Semana Mayor, se dio a conocer el caso de una niña con discapacidad que en compañía de su señora madre, fue objeto de un hecho de discriminación por un conductor de autobús, acontecimiento que tuvo lugar con una unidad de transporte que cubre la ruta de Amatitlán hacia la ciudad capital, cuando el conductor y ayudante no permitieron el ingreso de la niña, aduciendo que llevaban muchos pasajeros y que la silla de ruedas les ocuparía algún espacio.
Así como este suceso, condenable a todas luces, ocurren a diario cientos con adultos mayores, mujeres en período de gestación y personas con discapacidad en el transporte urbano y extraurbano, porque los usuarios en esta condición deberán tomarse más tiempo para subir y bajar de las unidades de transporte, lo que los autobuseros no están dispuestos a perder, según su criterio, olvidándose que prestan un servicio que en su mayoría está subsidiado.
Por supuesto, que conviene aclarar que no debe generalizarse, porque hay conductores y ayudantes del transporte público que son solidarios y educados con los adultos mayores, mujeres en período de gestación y personas con discapacidad, pero desafortunadamente son los menos y muchas veces son mal vistos por sus propios compañeros, porque el dar un buen servicio, implica pérdida de tiempo, ingresos económicos y el incumplimiento de cuotas.
La denuncia fue interpuesta ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, institución que seguramente emitirá alguna resolución que condenará el hecho, ya que sabemos y valoramos la identificación del actual procurador con el respeto de los derechos de las personas con discapacidad, además, que cuenta con una defensoría dedicada específicamente a atender a este sector, pero las instituciones que estemos en posibilidades de hacer que el hecho trascienda para una sanción judicial, debemos sentar un precedente.
Como hemos indicado, este es apenas uno de los muchos actos de discriminación que a diario enfrentamos las personas con discapacidad en el transporte público, a diferencia que, en esta oportunidad, hubo una valiente madre que denunció el hecho, a quien instamos en el seguimiento de la lucha, para que la falta de solidaridad y de educación de los operadores de servicios públicos se retome en su capacitación y en la autorización de nuevas licencias.
Estamos todavía muy lejos de contar con unidades de transporte público las cuales sean accesibles, confortables y dignas, no obstante, que fue un compromiso asumido por el Estado de Guatemala en el momento de ratificar la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en función de lo cual el gobierno central autorizó el nuevo sistema de transporte denominado Transurbano, que en su momento asumió compromisos para la movilización de las Personas con Discapacidad, pero que a la fecha no ha cumplido.
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