La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República emitió ayer el dictamen favorable a la propuesta de readecuación presupuestaria presentada por el Organismo Ejecutivo el 1 de febrero.
Aunque la reorganización de ingresos y egresos no fue aprobada tal como la Presidencia la planteó, en términos generales se logró alinear de mejor manera el plan de recepción de fondos y gastos, con las necesidades expresadas por la población, las prioridades del Gobierno y la situación actual del país.
Los legisladores tomaron en cuenta el planteamiento original y agregaron otras disposiciones relevantes. De esa cuenta, los Ministerios de Gobernación, Salud, Agricultura y Comunicaciones verán incrementadas sus asignaciones en Q350 millones, Q250 millones, Q200 millones y Q40 millones, respectivamente.
En el caso de la tercera dependencia, el monto se destinará a la asistencia alimentaria de las familias afectadas por la sequía.
Además, a la clasificación de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro irán Q1 mil 317 millones 392 mil 991, de los cuales Q810 millones 756 mil 991 serán para la persecución penal y la administración de justicia, y el resto para la universidad estatal, el transporte público capitalino, proyectos forestales y la Contraloría General de Cuentas.
El Gobierno cabildeó por casi dos meses con los legisladores, para la aprobación de las modificaciones. En ese sentido, la última acción, al más alto nivel, fue la reunión de trabajo que el mandatario Jimmy Morales sostuvo el lunes con el titular del Parlamento, Mario Taracena, en compañía del responsable de la cartera del Tesoro, Julio Héctor Estrada, y del jefe del bloque oficial en el Congreso, Javier Hernández.
El compromiso expresado por Taracena acerca de impulsar el dictamen habría sido cumplido, aunque está pendiente que, como dijo, el pleno apruebe en definitiva las modificaciones, lo cual espera ocurra pronto.
En este proceso, que está a punto de llegar a su final, se puede observar que el engranaje republicano de los frenos y contrapesos funciona para que la administración pública pueda optimizar las retribuciones que ofrece a la población por su esfuerzo tributario y participativo.
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