Deben elegirse candidatos idóneos, íntegros, competentes y capaces con una trayectoria intachable e insobornable.
La importancia para el país de contar con máximos representantes de la justicia, probos, honestos, de reconocida honorabilidad, apegados a derecho e imparciales en el momento de emitir su veredicto, se convierte en el principal desafío que las entidades responsables de designar a un titular y un suplente como magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) deben superar.
Toda vez que lo más esperado y exigido en varias instancias por la sociedad civil y organizaciones internacionales, es la acertada designación de los profesionales del Derecho quienes tendrán la tarea de recuperar la credibilidad de la población en la administración de la justicia. Por supuesto, sin nubarrones que obstaculicen la visibilidad de la aplicación de una justicia pronta y cumplida y sin obediencia alguna a intereses espurios de ningún sector.
O dicho de otra manera, en las circunstancias actuales, lo que la sociedad espera en función del necesario reencause del Estado de Derecho, es la certeza de contar con profesionales jurídicos que con su historial y recorrido puedan ser garantes de su compromiso en la lucha contra la impunidad (en todas sus formas), así como de la aplicación de la justicia sin más distinciones que las que marca la propia ley.
Nunca antes como ahora, la población se percató tan acertadamente del importante rol de la supremacía del mandato constitucional. Si en algo estamos claros es en cuán vital es esta Corte para el futuro inmediato del desarrollo democrático del país y del devenir de las generaciones que nos sucederán. Más que nunca la fórmula: seguridad-justicia-paz-desarrollo, es admitida en todos los ámbitos para señalar que en efecto la democracia se puede edificar.
En tal sentido, deben elegirse candidatos idóneos, íntegros, competentes y capaces con una trayectoria intachable e insobornable en el contexto legal que permita impartir la justicia en toda su dimensión. Aquí la importancia de la participación activa de la ciudadanía en búsqueda de una CC digna, con la exigencia de procesos claros en cada uno de los órganos electores.
Ello, con la intención de que se elija a los aspirantes con mayores virtudes que coadyuven a transparentar un sistema de justicia que ha sido mancillado y mal representado con la actuación de algunos magistrados de tristes recuerdos para la sociedad.
Es así como el séptimo período de funciones de la CC, comenzará a regir el 14 de abril de este año, con la esperanza de los chapines puesta en que los cinco magistrados titulares y los cinco suplentes para ese entonces electos, arranquen su gestión con absoluta idoneidad y experiencia judicial, enarbolando la justicia como única prioridad.
Así también, los integrantes de la nueva Corte de Constitucionalidad, deberán permanecer alejados de los grupos políticos partidistas o de presión, así como mantenerse ajenos a intereses aviesos que pretendan entorpecer o desviar la función jurídica. Nuestra nación merece un sistema judicial expedito y con operadores de justicia comprometidos a velar por el estricto cumplimiento de las leyes con valor, entereza y solvencia legal.
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