La Fiscalía boliviana allanó en un exclusivo sector de La Paz, la vivienda de Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, quien es investigada por usar las dependencias del Gobierno para negociar millonarios contratos a favor de la empresa china CAMC, donde ella era gerente comercial.
“Se han llevado fotocopias de correos electrónicos, documentos empresariales de otros proyectos, creo que no ha habido nada alejado (ilegal) en una actuación de este tipo”, dijo Wálter Zuleta, abogado de la sindicada.
El diario El Deber de Santa Cruz (este) reveló partes de la imputación de la Fiscalía contra Zapata, detenida desde la semana pasada bajo cargos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas.
El Ministerio Público estableció que la exgerente de la firma asiática usó oficinas de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social, dependencias que usualmente usan las primeras damas, con fines de carácter personal para obtener réditos y ventajas económicas.
Lo publicado
La Fiscalía mencionó específicamente, según el rotativo, que el uso de esas oficinas gubernamentales fue para negociar contratos como la planta industrial de azúcar en San Buenaventura, planta industrial de sales de potasio Uyuni-Potosí, proyecto múltiple Misicuni, Cochabamba la construcción del tramo ferroviario Bulo Bulo-Montero y los equipos de perforación para Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
Entretanto, el Gobierno amenazó con un juicio a Zapata, después de que una de sus tías anunciara que ella presentará al hijo que tuvo con Morales y que estaría vivo, por versiones del gobernante de que el infante falleció al nacer hace 8 o 9 años.
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