Nuestra legalidad es, en muchos aspectos, disonante con los principios éticos.
Resulta difícil exagerar la importancia que tiene cualquier esfuerzo de formación ético-política que emprenda una organización política, sobre todo, un partido. Su valor se agiganta ante el sombrío panorama de la vida política del país. Núcleo de los programas de formación política debe ser, debió haber sido siempre, la formación ética, es decir, la inculcación reiterada de principios y valores, y que la política es, ante todo y sobre todo, servicio a la nación, no un negocio para amasar fortunas y contrarrestar la idea de que la riqueza material es símbolo del éxito.
Pero hay que aclarar que la formación ética no consiste en programas académicos, parte esencial de seminarios y conferencias, sino que debe ser también elemento central de la vida interna y orgánica de los partidos. Los estatutos, las prácticas, las formas de conducción y de tomar decisiones deben estar concebidos por la integridad, la honradez y el respeto a lo que pertenece a todos. En este sentido, la militancia de los partidos debe resultar de procesos de selección basados en principios ideológicos (que son indispensables), y éticos, los cuales deben ser demostrados en la vida presente y en la trayectoria.
Ahora bien, sin negar la importancia de la formación académica, para convertirse en un político y en particular en un buen político (trabajar por el bien común), creo que la mejor forma de adquirir esta calidad es por medio de profundas experiencias como las que Guatemala vivió en 2015. Espontáneas o producto de manipulaciones, no puede negarse que fue una movilización de sectores medios con apoyo de sectores populares, cuya bandera por el fin de la corrupción expresó un sentimiento generalizado. Forzando un poco los términos, puede decirse que los guatemaltecos tuvieron un curso intensivo de ciudadanía durante 2015, de la necesidad de fortalecer la ética en política.
La demanda de ética de la ciudadanía activa en la administración de la cosa pública plantea la necesidad de que el ordenamiento jurídico sea reformado para que exprese esta demanda. En este período de transición, hay que tener claro que nuestra legalidad es, en muchos aspectos, disonante con los principios éticos; deja vacíos que permiten conductas a contrapelo de la transparencia, procesos que establecen los límites para conductas políticas autónomas, basadas en la integridad y la honradez.
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