Debemos valorarla como una conquista, aunque no satisfaga a todos los sectores sociales.
En estos días ha retornado al Congreso de la República el Proyecto de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que había sido remitido a la Corte de Constitucionalidad, después de su aprobación en las lecturas obligatorias y ahora está pendiente de aprobación por artículos y en su redacción final.
La Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado favorablemente en aspectos muy importantes de la legislación referida: el establecimiento de topes o limitaciones a los montos máximos de inversión en campañas electorales; propiciar una mayor participación de mujeres e indígenas en la postulación a cargos de elección; establecimiento de un número máximo de 160 diputados, sin alterar las representaciones distritales actuales; equidad en el acceso de todos los partidos a los medios de comunicación, para la propaganda política, y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) administrará los recursos para ello; reconocimiento del voto nulo si este es mayoritario y voto para guatemaltecos en el extranjero. También se fortalecen las capacidades sancionatorias del TSE. Hay otros temas sobre los cuales se pronunció en sentido adverso, porque solo se pueden modificar en la Constitución y no en la Ley.
Lo más importante de esta reforma es que está respondiendo a las demandas de la sociedad guatemalteca por una mayor transparencia en los procesos electorales, democratización de los partidos políticos y mayores controles para evitar que recursos de dudosa procedencia contribuyan a definir los resultados electorales y que los financistas se cobren su apoyo con favores políticos que conduzcan a actos de corrupción o a la emisión de leyes con dedicatoria en favor de los sectores que los financistas representan, o bien evitar que estos pierdan privilegios.
Sin que las nuevas normas hayan sido aprobadas, ya comienzan a presentarse críticas a su contenido y no ha faltado quien se refiera a ellas como “parches”, demandando una reforma más integral y completa. Pero lo que no han considerado los críticos es que otra de las reformas preceptúa que después de cada proceso electoral, se procederá a la revisión de la ley para identificar vacíos o problemas en su aplicación con el fin de generar nuevas reformas que tiendan al perfeccionamiento de la misma.
Se trata, pues, de una reforma progresiva, que podrá ir adaptando la ley a los avances técnicos y a la realidad política del país y debemos valorarla como una conquista, aunque aún no satisfaga a todos los sectores sociales.
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