Interceptaciones telefónicas fueron presentadas por el Ministerio Público (MP) en la audiencia de primera declaración de 17 supuestos implicados en la defraudación tributaria por Q255 millones, en el Juzgado B de Alto Impacto, presidido por Miguel Ángel Gálvez.
En una de las pláticas, en la cual el auditor Geovany Marroquín Navas y Alfonzo Castillo, exintendente interino del Departamento Jurídico de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), intercambian instrucciones y requerimientos, mencionan a El 1, que, de acuerdo con el ente pesquisidor, es el exmandatario Otto Pérez Molina.
Entre otros que figuran en las escuchas telefónicas están Juan de Dios Rodríguez, expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y Omar Franco, exsuperintendente de la SAT.
Prueba principal
Entre los medios de prueba con los que cuenta el ente investigador están 157 mensajes, con los cuales quiere evidenciar las estrategias y gestiones de los señalados para desviar las pesquisas por evasión fiscal sobre la empresa Aceros de Guatemala.
La Fiscalía determinó que a quien se le denominaba Chiquito era Ariel de Jesús Guerra Castillo, intendente de Fiscalización. “Voy a hablar con el Chiquito para que coloquen lo que tiene que ir técnicamente. Él hizo su mayor esfuerzo pero no le hicieron caso; esperemos qué pasa al final, se los voy a regresar, y taché el original para que lo hagan bien”, comentó Castillo a Marroquín en una llamada, en referencia a que los auditores de la SAT no siguieron las órdenes.
Según el ente pesquisidor, el Hierro es el nombre con el cual los miembros de la estructura se refieren a la empresa citada.
Detalles del proceso
El juez B de Alto Impacto, Miguel Ángel Gálvez, a cargo de indagar a 17 personas, programó 6 días continuos para el desarrollo de esa diligencia. El Ministerio Público las acusa porque, supuestamente, desestimaron 3 querellas contra Aceros de Guatemala por Q255.6 millones. Se cree que esa empresa fue beneficiada con la devolución de crédito fiscal por Q95 millones.
Además, se valieron de la red para agilizar al menos 1 de los pagos, por Q11.8 millones, todo a cambio de una promesa remunerada que tendrían los directivos y exdirectivos de la SAT.
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