Las capturas de altos funcionarios de Gobierno, como resultado de investigaciones efectivas y el inicio de los debidos procesos a los encartados, ha mandado un mensaje a los guatemaltecos y al mundo, en el que se puede leer que la justicia y la aplicación de la Ley es posible si se cuenta con un buen sistema y con hombres y mujeres que la hagan cumplir.
Las caminatas, plantones y concentraciones de ciudadanos en las plazas y calles, que se han visto desde el año que pasó, han puesto en mantas, cartones, pancartas y megáfonos el deseo de limpiar el Estado, de llevar a los tribunales a los defraudadores y corruptos, y de aplicar la legislación sin discriminación.
Hay que profesionalizar a policías, fiscales, peritos, investigadores. Crear las carreras judiciales para disponer de recursos humanos con experiencia y formación científica, de tal manera que las entidades cuenten con funcionarios y empleados idóneos para el trabajo que deben realizar, y con ello fortalecer la democracia.
Hay que planificar la ampliación de la cobertura institucional, adquirir nueva tecnología, mejorar las instalaciones y las condiciones laborales (por ejemplo), para que el acceso a la Justicia sea para todos en todo el territorio.
Pero también hay que acercarse con el Organismo Legislativo para hacer los cambios necesarios a la Constitución de la República, que permitan operar de mejor manera al Organismo Judicial; por ejemplo, la separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia.
Así las cosas, para fortalecer el sistema judicial del país será necesario juntar esfuerzos y experiencias; por ello, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público están decididos a congregar a todos en torno a una mesa de discusión y diálogo, según lo anunciaron en el Palacio Legislativo, donde aseguraron que se sentarán todas las instituciones concernidas y sectores de la sociedad civil.
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