La infraestructura penitenciaria debería basarse en el proceso propio del sistema carcelario, desde el ingreso del reo, hasta su puesta en libertad.
La situación de hacinamiento que vive el Sistema Penitenciario en Guatemala es un problema que lleva años de debate, un asunto histórico que sabemos necesita ser atendido con urgencia, un asunto estructural para el que se ha propuesto soluciones sin llegar a concretarlas.
En esa línea, me llama la atención la discusión que se genera desde la Conferencia de Ministros de Justicia de los países iberoamericanos (Comjib), de la que Guatemala es parte. Esa instancia ha elaborado una guía para desarrollar infraestructuras penitenciarias que contempla lineamientos para la construcción de cárceles, dentro del marco de respeto de los derechos humanos.
Según el instrumento, la infraestructura penitenciaria debería basarse en el proceso propio del sistema carcelario, es decir, debe asegurar la permanencia del privado de libertad desde su ingreso hasta su puesta en libertad.
Para este fin, tres elementos a considerar: la capacidad del inmueble, las tipologías y la composición. La capacidad del inmueble depende, en primera instancia, de los recursos económicos; asimismo, se debe considerar como mínimo la distribución demográfica del país, el tamaño de la población que albergará, los perfiles de los privados de libertad y el tipo de régimen que se implementará.
Dentro de las tipologías, dependiendo del número de personas que guardarán prisión y el fin que se busca al ser creados, los centros carcelarios pueden ser: centro penitenciario grande o mediano, de inclusión socio comunitaria, agropecuario o industrial, centro para jóvenes, de detención primaria y de transición, entre otros. Por último, dentro de la composición existe un listado de programas funcionales que cada inmueble penitenciario debería incluir.
Este elemento es de gran importancia porque de la mayoría de los programas a considerar depende la rehabilitación del privado de libertad; estos servicios son: seguridad, salud, administración, trabajo, visitas, educación, cultura y deporte, así como admisión, judicial y alojamiento.
Como su nombre lo indica, el instrumento en mención es solo una guía para el desarrollo de la infraestructura penitenciaria y contempla factores desde la selección del terreno más adecuado, hasta el perfil de los profesionales involucrados en el proceso, componentes que contribuyen a un sistema funcional a largo plazo.
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