Al perderse el concepto y la visión para servir a la población, la situación se vuelve engorrosa y se revierte.
Después de la captura del exalcalde de Santa Catarina Pinula, José Antonio Coro García, la solicitud de antejuicio contra Víctor Gonzalo Alvarizaes Monterroso, alcalde de esa comuna y la orden de arraigo contra Arnoldo Medrano, exjefe edil de Chinautla, quien permanece bajo proceso judicial. El inicio de la nueva administración municipal en este 2016, empezó con mal pie, pues existen señalamientos que algunos alcaldes electos tendrán que dilucidar.
Prueba de ello, es una publicación del 18 de enero de este año, en elPeriódico, en la cual detalla que son 78 de 338 jefes munícipes, que tomaron posesión de sus respectivos cargos siendo contratistas del Estado. No cabe duda, que al perderse el concepto y la visión al llegar a la alcaldía para servir a la población y trabajar por las necesidades de sus habitantes así como de coadyuvar para activar el desarrollo y bienestar de las comunidades, la situación se vuelve engorrosa y se revierte.
En ese contexto, dichos casos comprueban que en las comunas es notoria una de las formas más lamentables de corrupción, sobre todo, en los municipios en donde los ganadores de las elecciones son personas conocidas del pueblo aunque ignore las actividades anteriores que los hoy electos ediles realizaban. Toda vez que los políticos tienden a pensar que los ciudadanos carecen de criterio y son olvidadizos por lo cual no obstaculizarán su llegada a la silla edilicia y creerán en cualquier afirmación que éstos externen. El Código Municipal, en su Artículo 45, Prohibiciones, inciso b), enfatiza que no pueden ejercer las funciones de alcalde, síndico o concejal, “el que directa o indirectamente tenga parte en servicios públicos, contratos, concesiones o suministros con o por su cuenta del municipio”. Además, la Ley de Contrataciones del Estado, en su Artículo 80, resalta que “no podrán cotizar, licitar ni celebrar contratos con el Estado los servidores o trabajadores públicos del mismo o de entidades como las municipalidades”.
Más claro no canta el gallo. Aquí la urgencia de que se planteen las reformas al sistema político y administrativo para contar con herramientas de ley que hagan frente a la corrupción en todas las esferas del aparato estatal para evitar el derrumbe de la democracia en el país. En consecuencia, será el Congreso la pieza fundamental que deberá responder al clamor popular y sus exigencias, para que de inmediato se formulen las modificaciones legales pertinentes.
No se puede obviar que los retos por enfrentar son mayúsculos, pues en el aspecto económico hay serias dificultades para mantener a flote las naves municipales. Así también, los desafíos en temas propiamente de los municipios merecen una atención especial por parte de los ediles de turno. No podemos tolerar que la construcción de obra gris sea utilizada para que algunos malos alcaldes se enriquezcan a costillas de las finanzas del municipio, ni que sigan siendo utilizadas para impulsar campañas políticas por demás espurias.
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