Un total de 60 organizaciones de la sociedad civil se constituyó ayer en un ente de fiscalización del proceso de nombramiento de los magistrados titulares y suplentes que integrarán la Corte de Constitucionalidad (CC) a partir del 14 de abril.
La citada instancia tiene como objetivo reunirse con los titulares de los 5 entes electores, con el fin de presentarles propuestas.
Lo anterior se hace para que los procesos de designación se desarrollen de forma transparente y pública, lo cual fue bien visto por Alberto Brunori, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, e Iván Velásquez, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
Los grupos destacaron el uso de la Ley de Comisiones de Postulación, la elaboración de un perfil de idoneidad y la no reelección de magistrados actuales.
En este tema, el Congreso aprobó el Acuerdo 6-2016, mediante el cual convoca a los profesionales interesados en optar a los puestos, entre quienes elegirá a sus delegados.
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