En su discurso de toma de posesión, el presidente Jimmy Morales declaró que las acciones de su gobierno abarcarían dos ámbitos e igual número de niveles de prioridad: medidas urgentes para Salud y decisiones importantes para Educación.
Consecuentemente, anunció que su equipo de trabajo gestionó donaciones de materiales, insumos y medicamentos por Q100 millones, que servirían para paliar la crisis por el desabastecimiento que afecta a la red de atención médica gubernamental.
Vale la pena anotar que el orden de importancia de los temas a atender por parte del Ejecutivo se encontraba, efectivamente definido, desde antes del traspaso de mando, en función de una de las carencias más grandes del país.
Además, que la entrega del aporte a los centros de atención servirá también para efectuar una auditoría social sobre su estado, pues serán priorizados los que tengan menos del 40 por ciento de abastecimiento.
El asunto ha sido propicio para constatar cuánto ha avanzado la vigilancia ciudadana y de los medios de comunicación sobre los procesos, pues, se fiscaliza la proveniencia de los materiales, y así evitar conflictos de interés.
En este contexto resulta adecuada la decisión de postergar por 48 horas la distribución de las donaciones, con la finalidad de culminar los procesos logísticos, elaborar con toda precisión las actas de recepción y entrega, y que profesionales lleven a cabo la revisión sobre lo que se recibió y se trasladará.
Las respuestas gubernamentales en función del interés ciudadano por fiscalizar son también un aliciente decisivo para que la población, en sus localidades, vigile que los materiales, insumos y equipos sean utilizados adecuadamente.
Esta interacción podría ser parte de las soluciones para rescatar los servicios de restablecimiento de la salud de los guatemaltecos y, mejor aún, para la prevención de enfermedades.
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