Gobierno y sociedad deben apropiarse de los resultados del proceso de transición gubernamental.
Derivado de la puesta en marcha del proceso de transición política en Guatemala, se hace necesaria la realización de una serie de actividades principalmente fiscalizadoras en las dependencias del Organismo Ejecutivo, con el fin de orientar y preparar a las nuevas autoridades que detentarán el ejercicio del poder político legítimo del Estado, a partir del 14 de enero.
Sobre aspectos relativos al funcionamiento de las instituciones y entidades públicas, el manejo y control de los recursos públicos, el cumplimiento de objetivos y metas institucionales apegadas al fin para el cual han sido establecidas y la evaluación de los programas, proyectos y acciones viables para su posible continuidad, se hace patente que emanado del informe de dicho proceso, tanto la próxima gestión gubernamental, como la sociedad, se apropien de sus resultados como aporte a la nueva gestión.
Con ello, pasaría a ser un insumo que contribuya a legitimar la acción gubernamental más allá de contener el informe del quehacer de una gestión de gobierno posterior a un escenario de ingobernabilidad política.
Si analizamos esto debemos considerar que todo esfuerzo orientado a transparentar el ejercicio de la gestión pública y a mejorar el funcionamiento de las instituciones y entidades del sector público, debe ser reconocido, pero a la vez analizado y aprovechado para plantear un escenario favorable para el Estado, partiendo de los resultados obtenidos. Dicho escenario debe materializarse por medio de la próxima gestión gubernamental y desde la sociedad se debe tener la capacidad de generar propuestas como apoyo a las nuevas autoridades.
La labor realizada en las distintas entidades públicas durante el proceso de transición política, además, debe contribuir como instrumento de acompañamiento del rumbo de la acción gubernamental para el próximo gobierno. Derivado de lo anterior, el próximo gobierno en turno y la sociedad deben apropiarse de los resultados del proceso de transición como apoyo a la próxima gestión político-gubernamental y a conseguir conjuntamente resultados estatales.
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