El sistema de justicia en Guatemala enfrenta una grave instrumentalización con fines políticos, advierte un informe de Human Rights Watch (HRW) dirigido a Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea. La organización pidió ampliar sanciones contra jueces, fiscales y legisladores señalados de socavar la democrática tras las elecciones de 2023.
El documento sostiene que “la fiscal general, Consuelo Porras, lidera procesos penales abusivos contra funcionarios del gobierno de Bernardo Arévalo y personas que respaldaron la transición
democrática”.
Asimismo, denuncia la criminalización de líderes indígenas como Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, acusados de terrorismo por participar en protestas pacíficas. Ambos permanecen en prisión preventiva sin pruebas concluyentes.
HRW señala que “el Ministerio Público (MP) ha abierto al menos 17 investigaciones contra altos funcionarios” y ha solicitado en 11 ocasiones retirar la inmunidad del presidente Arévalo. La organización considera que tales acciones “responden a motivaciones políticas”.
“Nuestro aparato de justicia es una vergüenza; en lugar de combatir la corrupción, la protege”. Marco Sagastume Presidente del Comité de Derechos Humanos de la Federación Interamericana de Abogados
Entre los actores que HRW insta a sancionar figuran los diputados Felipe Alejos Lorenzana y Álvaro Arzú Escobar, señalados de intentar “revertir los resultados electorales y promover legislación espuria”.
También, se menciona a los jueces y fiscales Dimas Jiménez y Jiménez, Carol Patricia Flores, Víctor Manuel Cruz Rivera y Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, quienes, según el informe, “han ejecutado procesos penales sin fundamentos sólidos”.
Arzú Escobar calificó como falsas las acusaciones y rechazó cualquier vínculo con la detención de Pacheco. Además, negó estar involucrado en un supuesto golpe de Estado y anunció que enviará cartas a organismos internacionales y solicitará una reunión pública con HRW.
Preocupación regional
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe anual 2024, expresó preocupación por la persistente cooptación del sistema judicial guatemalteco. Destacó que grupos de poder debilitan la independencia judicial, afectando directamente la democracia y el acceso a una justicia imparcial.
El informe de la CIDH documentó la utilización del sistema penal para perseguir a periodistas, operadores de justicia, defensores de derechos humanos y líderes políticos, incluido el Presidente. También, alertó sobre irregularidades en la elección de magistrados para el período 2024-2029 y la injerencia del MP en ese proceso.
La comisión recomendó detener la criminalización contra quienes ejercen la protección de garantías fundamentales y sugirió revisar de forma independiente el Ministerio Público, otorgar medidas sustitutivas a la prisión preventiva y facilitar el retorno de personas exiliadas.
Legitimidad de sanciones
Karina Méndez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala
(Iccpg), calificó las sanciones internacionales como “una herramienta legítima para proteger el Estado de derecho cuando los mecanismos internos han sido cooptados o neutralizados”. Criticó el uso arbitrario de figuras penales como el terrorismo contra actores sociales y comunitarios.
“Valoramos la visita de la Relatora de la ONU; su presencia es oportuna y necesaria: puede visibilizar los riesgos actuales para jueces independientes, fiscales perseguidos y operadores de justicia en el exilio”, concluyó Méndez.
Marco Sagastume, presidente del Comité de Derechos Humanos de la Federación Interamericana de Abogados, calificó el sistema judicial como “vergonzoso” por proteger la corrupción y no investigar denuncias contra expresidentes. Reconoció que el actual gobierno ha mostrado voluntad política para atender a los pueblos originarios, aunque enfrenta resistencia de sectores que, en su opinión, politizan los derechos humanos.
Alarma internacional por justicia debilitada
Señales de debilitamiento se han evidenciado en el sistema de justicia, según alertó la relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite. Durante una visita al Congreso, se reunió con la diputada Sonia Gutiérrez y el jefe de la ONU-DH, Mika Kanervavuori. Gutiérrez manifestó su preocupación por la falta de independencia judicial y la criminalización de líderes indígenas. Satterthwaite advirtió sobre los riesgos para los derechos fundamentales.
Deja un comentario