El Estado de Guatemala tiene previsto ofrecer el martes una “disculpa pública” al asumir su responsabilidad en la detención y desaparición, hace 44 años durante el conflicto armado interno (1960-1996), de la poeta, escritora y activista española Alaíde Foppa Falla, nacida en Barcelona en 1914.
Así lo anunció el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, quien detalló que será el jefe de Estado, Bernardo Arévalo de León, quien encabezará el acto.
Palomo dijo que el presidente, en nombre del Estado de Guatemala, “pedirá una disculpa pública” por la desaparición de Foppa, poeta y activista quien además fue crítica de arte, profesora y traductora.
También adelantó que el gobernante hará un reconocimiento a la trayectoria de Alaíde Foppa, quien vivió muchos años en México y contaba con dicha nacionalidad. En el acto, se reconocerá la responsabilidad del Estado en la “violencia” que vivió junto con su “desaparición”.
“A través de este acto se honra la memoria de su lucha por la justicia”, expresó el secretario, y remarcó que el Gobierno da “un paso a la dignificación de las víctimas y su familia”.
Foppa fue detenida y desaparecida el 19 de diciembre de 1980 en Guatemala por paramilitares que operaban bajo el mando del presidente, el general Fernando Romero Lucas, quien fue derrocado por un golpe de Estado en 1982.
La activista desaparecida había arribado al país centroamericano en 1943, en víspera del fin de la dictadura de Jorge Ubico. Posteriormente obtuvo la nacionalidad guatemalteca.
Foppa colaboró activamente con la Revolución de 1944 en Guatemala previo a casarse con Alfonso Solórzano, abogado alemán fundador del Partido Guatemalteco del Trabajo, uno de los cuatro grupos guerrilleros que operaron en el país.
Debido a su militancia en la izquierda, Solórzano y Foppa se exiliaron en México y regresaron a Guatemala en 1950, pero cuatro años después volvieron a exiliarse por segunda vez tras el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz (1951-1954).
El conflicto armado interno en Guatemala dejó más de 250.000 víctimas mortales, ya sea asesinados o desaparecidos, en su mayoría (más del 90 por ciento) a manos de las fuerzas estatales, según informes de organismos internacionales.
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