Una serie de medidas de transparencia, que fortalecerán la correcta ejecución del presupuesto de 2025 y la rendición de cuentas fueron anunciadas por Julio Flores, comisionado Nacional contra la Corrupción. Una de las normativas obliga a que se publiquen las compras de baja cuantía.
Según Flores, por primera vez en la historia se obligará a divulgar este tipo de gastos, los cuales deberán colgarse en los apartados de información pública de cada una de las dependencias.
“Es una norma de carácter general, por lo tanto, aplica a todas las entidades de gobierno”, puntualizó el comisionado.
Entre las disposiciones, el Ministerio de Finanzas Publicas (Minfín) actualizó los portales respectivos, los cuales serán fortalecidos con miras al control de la ejecución presupuestaria de 2025. Además, la cartera del Tesoro efectúa una actualización del Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), informó Flores.
Según el funcionario, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán) empezó a realizar visitas in situ, que permiten evaluar adecuadamente la inversión pública. Adicionalmente, en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) se tomaron medidas para evitar irregularidades como lo era el registro de más del 100 por ciento de ejecución física y financiera de un proyecto.
Se indicó que la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) efectuará las supervisiones en el ámbito local, por medio de los consejos nacionales y departamentales de desarrollo. También, se habilitará una línea de denuncias sobre posibles casos de malos manejos financieros.
“Se espera el aumento del 60 por ciento de supervisores y se incrementarán los insumos y vehículos para mantener una vigilancia permanente de los proyectos”, subrayó Flores.
“La medida (divulgar las compras de costos bajos) es positiva. Es una contribución en el camino correcto, pero no garantiza que eso vaya a evitar totalmente abusos y corrupción”, consideró Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Barrientos afirmó que le preocupa que no sea una determinación del Congreso de la Republica, que obligaría a todas las entidades de la administración a cumplir con el requerimiento. De esa cuenta, preguntó si las entidades autónomas o descentralizadas van a quedar debidamente obligadas, en particular, las municipalidades.
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, menciona que el hecho de que sean públicas no garantiza transparencia, ya que en Guatecompras se podían ver los concursos de alta cuantía en los que, abiertamente, robaban. Estimó que hace falta otro tipo de mecanismo para alcanzar el objetivo.
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