De las empresas vinculadas al caso de defraudación denominado B410, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha recuperado 29 millones 890 mil 606.52 quetzales, según informó el titular de la entidad, Marco Livio Díaz.
El funcionario explicó que concluyó el 100 por ciento de las auditorías efectuadas a cinco constructoras proveedoras del Estado que le compran bienes y servicios a dos compañías relacionadas con este esquema; mientras que 25 contribuyentes están en proceso de revisión de los documentos.
Derivado de las supervisiones, han corregido el pago del impuesto al valor agregado (IVA) por 17 millones 834 mil 755.63 y en sobre la renta (ISR) lo hicieron por 12 millones 55 mil 850.90.
El titular de la SAT indicó que 32 entidades privadas optaron por presentar acciones de amparo, principalmente en la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal en materia Tributaria y Aduanera, las que les fueron
otorgadas.
No obstante, al 28 de noviembre, la Corte de Constitucionalidad (CC) había revocado 12 de esos recursos, por lo que le devuelve a la entidad que cobra impuestos la facultad de inhabilitarlas.
Opción de corregir
Díaz informó que a quienes les anularon las acciones legales y que tienen interés en llegar a un acuerdo respecto del adeudo tributario les otorgaron tres días hábiles, a partir de hoy, y el plazo para conocer el monto de la obligación pendiente, hacer un convenio y cancelar la deuda será de 10 días, el cual vence el 18 de diciembre a las 16:00 horas.
Si se trata del ISR, podrán hacer arreglos y aquellos con los que no suscriban estos contratos, los volverán a imposibilitar de emitir facturas.
“Si están en direcciones no localizadas, o si cuando los encontramos comienzan con las tácticas de amparos o de que no tienen la contabilidad, no nos dejan otro camino que denunciarlos penalmente”, expresó Díaz.
“Así que, yo creo que es mejor que acepten la cortesía de la fiscalización, ya que si la SAT tiene datos que no son reales y si ellos tienen otros documentos que nos pueden mostrar, es mejor que acepten la auditoría y alcanzar un acuerdo”, agregó.
“La Superintendencia sigue luchando contra la competencia desleal. En este sentido, todos los empresarios deben pagar los impuestos, pero también seguimos actuando respetando los derechos de los contribuyentes y encontrando la solución como lo hemos venido haciendo”, señaló.
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