Durante los cuatro años del anterior Gobierno, el 8.1 por ciento de 10 mil 387.2 millones de quetzales ejecutados en conjunto por la Unidad de Conservación Vial (Covial) y la Dirección General de Caminos (DGC) se destinó para nuevos tramos viales.
En dicho lapso, para la construcción de carreteras primarias, puentes y distribuidores de tránsito se destinaron 840.6 millones de quetzales; es decir, el 8.1 por ciento del total de las dependencias citadas, que pertenecen al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), se infiere de la información presupuestaria disponible en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoín).
El 61.7 por ciento de esos desembolsos (519 millones de quetzales) se ejecutaron, en su orden, en nueva infraestructura para el paso vehicular en los departamentos de El Progreso (38.3 por ciento), Totonicapán (13.2 por ciento), Guatemala (7.9 por ciento) y Sacatepéquez (2.3 por ciento).
Sumado a ello, otro 9.5 por ciento de lo gastado en construir vías tuvo como destino Huehuetenango (8.5 por ciento) y Alta Verapaz (1 por ciento). El resto fue obra multirregional, de acuerdo con el Sicoín.
Gasto cosmético
La información, además, da cuenta de que entre el 2020 y 2023 Covial y la DGC erogaron 7 mil 988.1 millones de quetzales en tareas de mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la red vial pavimentada, carreteras primarias, puentes y distribuidores de pasos.
Lo anterior representa el 77 por ciento de los 10 mil 387.2 millones de quetzales erogados por las dos unidades ejecutoras citadas.
En los últimos cuatro años también se utilizaron 1 mil 558.3 millones de quetzales para la reposición de rutas pricipales, puentes y distribuidores viales y eso representa el 15 por ciento del total empleado por Covial y la DGC en ese período.
El 48.2 por ciento de ese dinero (751.7 millones de quetzales) se trasladó a Huehuetenango, Zacapa, Escuintla, Jutiapa, Petén y Sacatepéquez. Lo demás, en el resto de departamentos y en infraestructura vial multirregional.
Cuestionan decencia pasada
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana (AC), consideró que es “imposible verificar” si los recursos económicos se invirtieron en realidad para el mantenimiento de caminos, porque el CIV pagaba las obras, pero sin supervisar.
“No hay forma de saber si se hicieron los trabajos, pues no hubo supervisión y control (por parte de la cartera), a fin de saber si se cumplieron los términos de los contratos. Yo, por el estado mismo de las carreteras, podría decir que la mayoría de ese presupuesto fue a los bolsillos, sin que se haya hecho obra”, afirmó el entrevistado.
Según el experto, la dificultad, por lo menos en las últimas cuatro administraciones, es que el citado despacho “fue diseñado para firmar contratos y pagar, sin preocuparse por la calidad de la obra o que esté completa o terminada de manera eficiente”.
Nineth Montenegro, exdiputada y experta en temas de transparencia y fiscalización, consideró que las diferentes gestiones que se han sucedido se han dedicado más a hacer mantenimiento y no a construir
infraestructura.
“No es exclusivo de ninguna administración, tampoco de esta, porque ha habido mucha ineficacia e ineficiencia”, destacó Montenegro, previo a agregar que esto puede ser porque hay “una mafia dentro del Ministerio de Comunicaciones que no deja trabajar al funcionario, quien quiere hacer mejor las cosas”.
Luego subrayó: “Me preocupa lo que han hecho los gobiernos anteriores, pero todos sabemos que la mafia incrustada en el CIV no se ha podido desestructurar y amarra las manos de buenos funcionarios que quieren” mejorar lo que ahí se hace. Apunta a crear una fórmula diferente de contratar obra. “Creo que debería haber, más allá de la Ley de Contrataciones, una normativa específica para obra gris”.
Foco de corrupción
Históricamente, el CIV ha sido una de las carteras más cooptadas por la corrupción, razón por la cual el gobierno que lideran Bernardo Arévalo y Karin Herrera ha emprendido esfuerzos para erradicar esta práctica ilegal en esta y otras instituciones.
De 198 denuncias presentadas en el Ministerio Público (MP) en este año, por sospechas de corrupción, 34 corresponden al CIV y, de ellas, 25 son porque el avance físico de las obras es inferior a los fondos desembolsados, de acuerdo con el portal Los expedientes de la corrupción, de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC).
Recientemente, José Luis Benito, exministro del CIV, se declaró culpable del delito de fraude en el caso Libramiento de Chimaltenango. También, aceptó su participación en el lavado de más de 122 millones de quetzales hallados en octubre de 2020 en una residencia que arrendaba en la Antigua Guatemala.
Alejandro Sinibaldi, extitular de Comunicaciones durante el período de Otto Pérez Molina, enfrenta varios procesos penales por casos de saqueos de fondos públicos.
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