El juicio por genocidio en Guatemala en contra del general retirado Benedicto Lucas García, acusado de la masacre de cientos de indígenas en 1981 durante el conflicto armado interno (1960-1996), cambiará de juez tras la decisión de una sala de Apelaciones.
El dictamen fue ordenado este jueves por la Sala de Apelaciones Primera de Mayor Riesgo del Organismo Judicial guatemalteco, compuesta por los magistrados Miriam Regina Brolo, Marco Tulio Pérez Lemus y Jorge Emilio Morales Quezada, quienes informaron sobre su decisión.
La Sala Primera de Mayor Riesgo avaló por tanto la solicitud de Lucas García, quien recusó al juez Gervi Sical, al frente del tribunal desde que inició el juicio por genocidio en mayo pasado.
La decisión deja en riesgo el futuro del proceso judicial, que llevaba casi un centenar de audiencias y se encontraba cerca de la fase de conclusiones. De acuerdo al dictamen, pasará a otro tribunal.
Una de las abogadas de la parte acusadora, Jovita Tzul, aseguró este jueves que la decisión de la Sala de Apelaciones tomó una decisión “sorpresiva” y “nuevamente el sistema les niega la justicia” a las víctimas.
Lucas García, de 92 años, es acusado de haber ejecutado el genocidio como jefe del Estado Mayor del Ejército en contra de la población civil durante el conflicto armado interno, específicamente entre 1981 y 1982 en el departamento (provincia) de Quiché, en el norte de Guatemala.
El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala solicitó el pasado 7 de noviembre una pena de 30 años de prisión en contra del general retirado.
Los 30 años de prisión solicitados, la pena máxima que establece la ley guatemalteca, son por los delitos de asesinato y desaparición forzada.
Lucas García ya se encuentra en prisión por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen, ocurrida en octubre de 1981, en otro caso independiente al de genocidio.
El genocidio de los indígenas tuvo lugar en varios poblados del departamento (provincia) de Quiché (norte) en 1982, durante el conflicto armado interno que vivió Guatemala con un saldo de 250.000 personas asesinadas o desaparecidas, el 90 por ciento a manos del Estado según informes de organismos internacionales.
El general retirado se encuentra cumpliendo la sentencia en un hospital y sigue las audiencias mediante teleconferencia.
Deja un comentario