El Partido Movimiento Semilla no tiene ninguna infracción. Está vigente para el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Así de claro y contundente fue el pronunciamiento de la presidenta de dicho organismo, Blanca Alfaro, cuando comunicó algunas consideraciones, tras lo resuelto por el juez Fredy Orellana, a requerimiento del Ministerio Público (MP), de suspender al conglomerado oficialista.
El razonamiento de la funcionaria alcanzó al resto de agrupaciones partidarias, a las que les advirtió que deben cerrar filas y hacer respetar su institucionalidad y derecho a desempeñar, sin restricciones, los cargos ganados en las urnas. Por supuesto, Alfaro tiene la razón. De no frenar estos abusos, cualquier partido está a merced de unos organismos cooptados, que han irrespetado la voluntad popular expresada en las urnas.
De manera respetuosa, pero firme, la presidenta del TSE también envió un consejo a sus colegas profesionales, a quienes instó a estudiar un “poquito” de derecho electoral. Lo cierto es que las ordenanzas de Orellana perdieron credibilidad. Y respeto. Sobre todo, por el encono que pareciera tener contra la agrupación que, mayoritariamente, ganó la Presidencia de la República y llevó a 23 diputados al Parlamento.
Hasta cierto punto, es entendible que el pacto de corruptos quiera complicar el trabajo del Ejecutivo. La lucha contra la corrupción emprendida por el jefe de Estado, Bernardo Arévalo, y los esfuerzos del Gabinete de sanear el manejo de los fondos públicos son razones para que las mafias se enciendan. Se alteren y frustren. Pero un juez. ¿Una persona llamada a gestionar justicia y respetar el Estado de derecho?
La verdad, es difícil entender el punto de Orellana, sobre todo cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que solo el TSE puede suspender un partido político. Lo cual requiere, como bien lo señaló Alfaro, meses y no 12 horas, como emplazó el togado. Tal vez convenga enviarle copia de lo resuelto por el máximo tribunal. Quizás valga la pena que revise sus apuntes académicos.
Lo cierto es que, como bien lo señaló la magistrada, la justicia no es venganza. Es un acto que busca corregir. Que no promueva la venganza, la sangre, hechos indignos en una democracia que florece.
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