Los partidos políticos tomaron nota. Se han visto en el espejo. Saben que, en estos momentos, están en manos de un sistema coludido, desenfrenado. Una red que castiga al opositor y premia al cómplice. Y, obvio, con toda la razón, no quieren ser víctimas. Buscan alejarse de ese show mediático.
El voraz hostigamiento contra el Partido Movimiento Semilla ejemplifica la calaña de quienes están llamados a hacer justicia. El encierro al que han sometido a liderazgos políticos. La deshonra pública. El escarnio injustificado debe parar. Por abusivo. Ilegal y antidemocrático.
Desde esta perspectiva, hay que aplaudir lo decidido en jefes de bloque del Congreso. Instancia que incluyó en la agenda legislativa de esta semana las reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada. Normativa que el Ministerio Público (MP) desvirtuó en su esencia para convertirla en una herramienta para intimidar.
Acallar. Forzar acuerdos.
Aunque en el Parlamento existe conciencia en cuanto a que las actuales autoridades del MP ya no estarán en 2027, cuando se desarrollen las próximas elecciones generales, también saben que existe un alto riesgo de que sus partidos políticos puedan ser inhabilitados en 2025 o 2026. O que sus candidatos sean anulados por una norma que nació para combatir organizaciones que nacieron para delinquir, algo que no se le puede achacar a un partido político.
Lo deben saber y aplicar. La sola existencia de estas agrupaciones no puede ser punible, por más que fiscales y jueces se empecinen. Se cierren. Reciten articulados “legales” o argumenten el seguimiento de delitos. El cumplimiento de la ley o el castigo de infractores. Eso debe parar, porque atenta contra el bien común. Evita la alternancia en el Poder. El derecho ciudadano a elegir y ser electo.
Es preciso aclarar que el cambio que proponen los congresistas está lejos de ser una amnistía. Es asegurar que la ley no se vuelva a manipular y que el Tribunal Supremo Electoral ejercerá su función de manera libre, sin temor a venganzas, a exilios.
Deja un comentario