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Adversan ley agropecuaria

Decreto aprobado establece tasas impositivas especiales a este sector

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Foto: Archivo

Conocedores de las regulaciones tributarias del país reaccionaron con asombro, ayer, tras conocer pormenores del Decreto 31-2024, Ley Marco para la Integración del Sector Primario y Agropecuario, normativa mediante la cual el Legislativo aprobó regímenes fiscales especiales.

A criterio de algunos analistas, no solo podría prestarse a la evasión de impuestos, sino que, además, creen que puede ser aprovechada para lavar dinero. Así lo manifestó Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). “El Presidente de la República debe vetarla”, recomendó.

Barrientos también explicó que la norma es ambigua porque no justifica el tema de pequeño contribuyente. 

Además, el analista  sostuvo que el artículo 23 podría ser aprovechado para legalizar dinero ilícito.  El jefe de la SAT, Marco Livio Díaz, no profundizó ayer en esos temas, pero dijo que la ley es positiva porque estandariza los controles para este sector.

Los afectos

Se gravará a los contribuyentes (agrícolas) que tengan ventas por no más de 3 mil 500 salarios mínimos mensuales (más de 10 millones de quetzales), en actividades productivas de comercialización, incluyendo las artesanías. Asimismo,  incluye a los que vendan artículos en mercados o centros de acopio. Pagarán al fisco 1.5 por ciento de sus ventas brutas, no así los exportadores, para quienes se recargará el 2 por ciento. Para los ganaderos, a quienes se dedican a la pesca no artesanal, apicultura y porcicultores, igualmente aplica el 1.5 por ciento sobre sus ventas. Se exceptúan las carnicerías.

Según la ley, este régimen incluirá a quienes se dediquen a actividades de crianza, engorde, desarrollo, producción, transformación e intermediación de los productos bajo este régimen y que se destinen a la venta en supermercados, mercados cantonales, municipales y centros de acopio. Finalmente, los intermediarios del sector pecuario tendrán que cancelar al erario un 10 por ciento. 

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana,  señaló que esta legislación provoca incertidumbre pues también abarcaría  a pequeños contribuyentes que se dedican a otras actividades.

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