Hay que decirlo. La recién aprobada Ley de Competencia ha generado altas expectativas. Ha despertado esperanzas en cuanto a la posibilidad de que, por fin, el mercado se rija por verdaderas reglas de oferta y demanda. Sin monopolios ni acuerdos que impongan precios absurdos y abusivos.
La decisión de los 122 congresistas que aprobaron el decreto tiene mucho mérito. Alta responsabilidad hacia sus electores, porque abre el camino para humanizar el comercio. Pretende moderar ambiciones empresariales y afianzar los derechos de oferentes y compradores.
Pero cuidado. Hay que ser pragmáticos. No se deben echar las campanas al vuelo, sobre todo porque, en el mejor de los escenarios, aplicar la normativa llevará tiempo.
Luego de hacer esta salvedad, se debe reconocer que la decisión del Parlamento es un paso adelante en la búsqueda de mercados más humanos, libres de presiones, abiertos. Vista desde cualquier ángulo. Observada desde una u otra tendencia ideológica o posición social, la normativa cumple con una responsabilidad social añorada y permite a Guatemala equipararse con cualquiera de las naciones latinoamericanas, que ya son regidas por estas reglas.
También abre la puerta para que nuestros empresarios demuestren su capacidad de competir. De reinventarse, si es necesario. Ellos han probado que no solo pueden rivalizar con corporaciones internacionales, sino que son capaces de imponer sus productos. Sin influencias ni ventajas.
La cantidad de reacciones que el decreto ha generado es un buen síntoma. El reconocimiento no ha sido unánime, aunque sí mayoritario. No se puede descartar que se presenten inconstitucionalidades, que intente evitar el derecho de los guatemaltecos a conocer otras marcas. Evaluar otros precios.
Los altos estándares de calidad que deben cumplir aquellos que busquen integrar la Superintendencia de Competencias, el órgano encargado de cumplir el espíritu de la ley, también alientan y ahondan las buenas vibras. La fe en que los compatriotas puedan acceder a mercancías y servicios acordes a sus salarios, a sus capacidades económicas. Una ley que imponga mesura y humanismo.
Deja un comentario