“Hay que dotar de poder político a quienes combaten la corrupción”

Foto: Mario León

Cambiar el sistema de saqueo de recursos públicos es posible, pero lleva tiempo y requiere del compromiso de la sociedad civil y el poder político, entre otros sectores, aseguró Matthew
Stephenson, catedrático del Harvard Law School.

El académico habló con el Diario de Centro América tras disertar el tema Lucha anticorrupción y recuperación de instituciones en un régimen democrático, luego de un período de cleptocracia y captura del Estado, en el marco de un congreso internacional realizado recientemente para discutir cómo crear un mecanismo nacional para luchar contra ese flagelo.

“Los retos no son necesariamente identificar estrategias, son principalmente políticos. Para implementar y sostener medidas anticorrupción, el desafío fundamental es que la gente que tiene poder para cambiar el sistema no tiene incentivos para hacerlo y, a su vez, quienes tienen para transformarlo carecen del poder”, afirmó Stephenson, al ser consultado acerca de cuáles son las vías que existen para luchar contra la corrupción. 

“Entonces, no es un reto técnico, sino político, reunir apoyo y dotar de autoridad a quienes quieren cambiar la estructura”, comentó Stephenson. 

Previamente, había dicho que la prevención, emisión de leyes, transparencia financiera y servicio civil profesionalizado y fortalecido, también son importantes.

Es posible

Una cosa importante a tomar en cuenta es que el cambio puede pasar; históricamente está comprobado, ha pasado”, explicó el entrevistado. 

Citó, por ejemplo, a Estados Unidos, que efectuó “reformas continuas a través de períodos muy largos”.

La sociedad civil y líderes políticos, junto a otros sectores, jugaron un papel importante en la transformación que era necesaria para prevenir y combatir el abuso de poder en la nación norteamericana, resaltó. 

¿Quién es Matthew? 

Matthew Stephenson es profesor de leyes en la facultad respectiva de Harvard Law School, donde enseña derecho administrativo, legislación y regulación, anticorrupción y economía política del derecho público, de acuerdo con la página en internet de ese centro de estudios superiores. 

Su investigación se centra en la aplicación de la teoría política positiva a la abogacía pública; en particular, en las áreas de procedimiento administrativo, anticorrupción, instituciones judiciales y separación de poderes, se detalla. 

Recibió sus doctorados en Derecho y Ciencias Políticas en Harvard, en 2003, y su licenciatura en Harvard College, en 1997.